La lista de espera de la dependencia se redujo en el 2020, pero a costa del aumento de personas fallecidas en el año de la pandemia: murieron 55.375 personas -152 cada día- esperando un servicio al que tenían derecho o una respuesta de la administración. Siguieron desatendidas otras 232.243 personas.

El total de dependientes fallecidos durante el 2020 ascendió a 248.751 personas, según el balance del Observatorio Estatal para la Dependencia en el año del covid, que advierte de un exceso de mortalidad de 52.835 personas, siendo abril el mes más crítico en muertes, seguido de marzo y diciembre.

"Ha sido un año de retroceso marcado por la pandemia, ha sido terrorífico, de muchísimo dolor, sufrimiento y muerte", ha explicado el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, en la presentación de esta evaluación, quien ha lamentado que "uno de cada cuatro dependientes fallecidos estaba en la lista de espera".

"Miren este dato terrorífico: cerca del 80% de las personas que salieron de la lista de espera entre marzo y diciembre, lo hicieron por fallecimiento, para vergüenza de los gobernantes", ha aseverado.

Casi siete de cada 10 personas desatendidas, que permanecen en la lista de espera, viven en Cataluña (73.386), Andalucía (56.534) y Madrid (28.494). El sistema registra un total de 1.124.230 dependientes, a 31 diciembre del 2020.

"El impacto del covid-19, el complejo procedimiento a veces inmisericorde y que la vicepresidencia de Derechos Sociales no incrementó el presupuesto ni un solo euro nuevo en el año 2020, han sido los principales motivos de ese retroceso", ha señalado Ramírez.

Más de 70.000 fallecidos en residencias

Solo en el mes de abril se registraron 34.977 personas fallecidas, un 113,4 % superior a lo esperado, superando al mes anterior, en el que hubo 25.244 fallecimientos, indica el informe.

De los cerca de 250.000 fallecidos, el 80,7 % tenían más de 80 años, el 14,8 % tenían entre 65 y 79 años y un 4,4 5 menos de 65 años.

La mortalidad ha afectado más a mujeres que a hombres, sobre todo a las de más de 80 años, con 107.401 mujeres fallecidas y 60.281 hombres (el 51,7 % y 29 % del total).

Se han registrado 72.804 fallecimientos de personas atendidas en residencias; entre ellas, el exceso de mortalidad por impacto del covid-19 se estima en 26.340 personas.

De los fallecidos en espera, 21.005 no tenían aún resolución y 34.370 habían sido reconocidos como dependientes pero no disfrutaban de servicios o prestaciones.

De las personas que siguen en la lista, cuatro de cada diez son dependientes más graves (Grados 3 o 2). A ellas hay que añadir 141.556 expedientes que están pendientes de valoración, con lo que la desatención supera las 370.000 personas.

Servicios de menor intensidad

Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 306 euros (percibidas actualmente por 450.000 personas): 138 euros para los Grado 1; 242 para los Grado 2 y 335 para los Grado 3.

Casi dos años después de que se recuperase el derecho de las personas cuidadoras familiares a poderse dar de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales, solamente 60.293 lo están (el 13,4 % del total de las cuidadoras).

La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 447 euros al mes.

La ayuda a domicilio tiene una media de horas al mes de 17 horas para Grado 1; 36 para Grado 2 y de 57 para los Grado 3.

Castilla y León, la mejor; la peor, Cataluña

Se mantienen las enormes desigualdades tanto en cobertura como en modelos de gestión. En la puntuación que hace la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, de la que depende en observatorio, solo ocho comunidades aprueban y la media se sitúa en el 4. Se valora el gasto, calidad de servicios, lista de espera, tiempos de respuesta o empleo generados, entre otros indicadores.

Mejoran puntuación con respecto al año anterior y sacan las mejores notas: Castilla y León (8,9), Andalucía (7,1) y Castilla La Mancha (7,1); empeoran Ceuta y Melilla (2,5), Canarias (2,1) y Cataluña (1,4), que se sitúa en la última posición.

Por encima del aprobado también están Galicia (6,8), Baleares (6,1), País Vasco (5,4), Extremadura (5) y La Rioja (5).

Suspenden con mejor nota que Cataluña y Canarias, Madrid (3,2), Aragón (3,2), Cantabria (3,6), Murcia (3,9) Valencia (3,9), Navarra (3,9) y Asturias (4,3).

El informe detalla que hay comunidades que no han mantenido la tasa de reposición de beneficiarios en el último año: Cataluña (-4,2 %), Aragón (-4,3 %), Madrid (-7,1 %) y La Rioja (-7,8 %).

Por el contrario, la tasa de variación interanual de personas atendidas ha sido muy positiva en el último año en Comunidad Valenciana (15,7 %), Asturias (14,8 %), Baleares (11,6 %) y Canarias (7,2 %).

En situación muy preocupante por el limbo de la dependencia sitúa a: Cataluña (31,9 %), La Rioja (29,3 %) y Canarias (24,4 %).