El Ejército se une a la Policía Nacional, Guardia Civil y resto de policías autonómicas y municipales para realizar labores de inspección y seguridad en las calles. El Ministerio de Defensa así lo decretó ayer, eligiendo a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para realizar dichas funciones. Un total de 350 efectivos se deplegaron en varias ciudades españolas como Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Por la tarde del domingo ya realizaron labores para las que han sido activados e inspeccionaron los alrededores del Parlamento autonómico, de hospitales como el Miguel Servet y el Clínico, además de realizar controles en las principales vías de la ciudad como la plaza Aragón o la salida de Zaragoza por el sur.
Según comentó la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta unidad se trasladó primero en las ciudades donde estaban instalados sus batallones, si bien avanzó que a partir de hoy habrá presencia militar en otras ciudades. Lo hizo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por los titulares de Sanidad, Interior y Fomento.
COORDINACIÓN
Para unificar a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ejército se creó ayer por la tarde un centro de coordinación que emana de la orden del Ministerio del Interior con motivo del Decreto de Estado de Alarma. Lo presidió la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, y, tal y como apuntó, el objetivo principal es reforzar «criterios comunes de actuación y asegurando una transmisión permanente y continúa de información y de seguimiento de novedades».
Robles también señaló que fueron llamados todos los médicos del Ejército que estaban en la reserva y que se ponen a disposición de Sanidad todos los recursos como hospitales militares o productos sanitarios. En este sentido, avanzó que el Hospital Militar de Zaragoza y el Gómez Ulla, en Madrid, ya están a disposición del Ministerio de Sanidad. Además, Robles destacó que, con la colaboración de la vicepresidencia de Derechos Sociales, liderada por Pablo Iglesias, el Ejército trabajará para ocuparse de la situación de «aquellas personas que carecen de hogar o que no tienen recursos para la alimentación».
«Las cuestiones insolidarias van a ser mínimas. Ante esas conductas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen las herramientas y las aplicarán en caso de ser necesario». Así de tajante se mostró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en referencia a la posibilidad de imponer sanciones a aquellos que no cumplan con las restricciones de movilidad que conlleva el Estado de alarma.
Otra de las medidas adoptadas ayer fue que las comunidades autónomas podrán disponer de espacios públicos o privados para usos sanitarios. Así lo anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para anunciar las últimas medidas adoptadas por el Gobierno tras decretar el pasado sábado el Estado de alarma.
Illa anunció que los consejeros de Sanidad de las distintas autonomías «podrán habilitar espacio para uso sanitario en locales público y privados» siempre que cumplan los requisitos necesarios. Esta medida se enmarca en un plan de choque lanzado por el responsable de Sanidad para reforzar el sistema sanitario. Así, se suma a la capacidad de los gobiernos regionales de disponer de «todas las instalaciones de la sanidad privada como consideren».
STOCK SANITARIO
Además, Illa señaló que todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que dispongan de un stock sanitario deben ponerlo en conocimiento del Ministerio de Sanidad en las próximas 48 horas. Otra de las medidas que explicó es prorrogar los contratos de médicos residentes y habilitar la posibilidad de contratar a recién graduados siempre que hayan superado el examen habilitante.
El encargado en insistir en las reducciones en los sistemas de transportes nacionales fue José Luis Ábalos. El ministro socialista recordó que estos servicios reducirán su oferta entre un 40% y un 50%. Sobre los sistemas de transporte autonómicos y locales, las decisiones de limitar su oferta corresponderán a las autoridades de cada ámbito.
