El Gobierno prevé continuar aplicando políticas "anticíclicas" y aspira a aprobar unos presupuestos del Estado de nuevo "expansivos" en 2022, como los de 2021, postergando el plan de ajuste de las cuentas públicas a cuando haya recuperación y "lo exija la Comisión Europea". Así lo ha sostenido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien también ha avanzado que el déficit cerró el año pasado en línea con la previsión del Ejecutivo de que estuviera "en torno al 11,3% del PIB", con una caída de ingresos del 7,6%.
En una entrevista a Europa Press, Montero ha apuntado que a lo largo de enero tendrá una aproximación más clara sobre el desfase de las cuentas públicas, una vez se cierre la contabilidad y las comunidades autónomas y entidades locales informen sobre sus finanzas. El elevado déficit augurado por el Gobierno está provocado por las medidas contra los impactos económicos del coronavirus, pero es inferior al esperado por la Comisión Europea (12,2%), el Fondo Monetario Internacional (14,1%) y el consenso de los principales analistas privados españoles (12,4%). El Banco de España, por su parte, ha estimado una horquilla de entre el 10,8% y el 12,1%.
Curva descendente
Montero ha defendido que el Ejecutivo "nunca" ha abandonado la senda de consolidación fiscal y, como prueba, ha recordado que para este año prevé una caída del déficit del 11,3% al 7,7%, la mayor registrada en un solo ejercicio, tras haber sido "prudente" en la elaboración de las cuentas públicas. "Todas las administraciones tienen que tener presente el ir en una curva descendente, pero nos tiene que acompañar la situación económica", ha argumentado antes de mantener que el Gobierno no repetirá los "errores" del pasado implementando políticas de recortes que se tradujeron en mayor desigualdad.
La ministra ha afirmado que la hoja de ruta del Ejecutivo pasa por continuar estimulando el crecimiento con políticas anticíclicas para "no dejar a nadie atrás", al tiempo que se acomete una revisión del gasto público para hacerlo más eficiente. De ahí que prevea que los presupuestos del 2022 también sean expansivos y que aplace el plan de reequilibrio a cuando "las circunstancias económicas así lo aconsejen y cuando Bruselas lo plantee", si bien ha admitido que la Comisión europea no ha anunciado si la suspensión de las reglas fiscales seguirá estando vigente el año que viene.
Financiación autonómica
La también portavoz del Ejecutivo ha asegurado, asimismo, que la reforma de la financiación autonómica será una "prioridad" del Gobierno este año y que los trabajos podrían iniciarse en febrero. El objetivo, ha sostenido, será abordar la "infrafinanciación" de algunas comunidades y crear un sistema "justo" para todas, pero al mismo tiempo se garantizará una cierta "armonización" fiscal para garantizar unos recursos por habitante suficientes. El sistema, ha argumentado, "nunca" puede responder a todas las peticiones de un territorio concreto, porque iría en detrimento de otros, con lo que hay que buscar un "común denominador" para que "todos" reciban recursos adecuados y "no convertir el debate de la financiación autonómica en uno de agravios territoriales".
Montero, en esta línea, ha denunciado las "campañas interesadas de cuestionamiento" de determinados impuestos, como sucesiones y donaciones o patrimonio, para deteriorar la percepción que la sociedad tiene de los mismos, "casualmente" cuando estos tributos están vinculados a la riqueza y "curiosamente" cuando afectan a un volumen menor de ciudadanos, utilizando "falsedades" como que se paga dos veces por lo mismo. España, ha defendido, necesita una "reflexión" sobre cómo gravar la riqueza y "no tiene sentido" que haya impuestos que registren diferencias tan grandes entre territorios, por lo que el Gobierno establecerá "horquillas razonables" en sus tipos, pero no "idénticas ni absolutamente miméticas", para lograr un "Estado de bienestar razonable respetando la autonomía de cada comunidad".
Agravio comparativo
En su opinión, el "equilibrio" se rompió cuando algunas autonomías dejaron "prácticamente nulas" figuras tributarias como patrimonio o sucesiones, en referencia a la Comunidad de Madrid, lo que dejó estos tributos como algo "testimonial" y provocó una "suerte de desequilibrio" respecto el resto de comunidades. Estas, "con menos capacidad recaudatoria por una menor renta por habitante o por no tener sedes fiscales (de empresas), se ven obligadas para tener una misma recaudación a subir mucho la presión fiscal o a renunciar a un volumen de recursos para que no se vayan a otras capitales o poder fidelizar a sus habitantes", ha añadido.
No se trata, ha asegurado, "de ir contra nadie", sino de alcanzar un acuerdo en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica y que el rendimiento de esas figuras u "otras que puedan sustituirlas" sea el que se espera y no que algunos se aprovechen por tener una situación de "ventaja" respecto a otras zonas. "Intentar hacer de la política fiscal una política diferenciadora de agresión al Gobierno no tiene ningún sentido", ha agregado, defendiendo el principio constitucional de que "cada uno recibe según su necesidad en forma de servicios, pero contribuye según su capacidad", algo que "no depende solo del trabajo y las rentas del trabajo, sino de lo que se hereda u obtiene por el simple hecho de haber nacido en una situación ventajosa". Ha descartado, así, la supresión del Impuesto de Patrimonio.
