Tras los ultimátum judiciales promovidos por sanitarios (sindicato Fasamet) y fiscales (APIF) para que este personal cuente con las medidas de protección individual necesarias para evitar los contagios con el coronavirus, ahora llega otro a la Dirección General de Policía. La reclamación la interpuso el letrado zaragozano Marco Antonio Navarro en nombre del sindicato Jupol.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid justifica esta solicitud, añadiendo que "es palmario el riesgo al que el colectivo representado por el sindicato actuante se ve expuesto ante la insuficiencia de medios, la cual, desgraciadamente, también es notoria y no necesita una especial acreditación, al menos, en este momento".
"Siendo notoria la escasez de medios de protección, un pronunciamiento completamente estimatorio de la solicitud que se sujetara, por ejemplo, a un determinado plazo, carecería de ejecutividad al convertirse en una obligación de hacer, imposible de cumplir y ejecutar en estos momentos", añaden.
Por todo ello, requieren a la Secretaria de Estado de Seguridad a fin de que proporcione al colectivo demandante todas las medidas de protección necesarias para desarrollar sus funciones en condiciones de seguridad, en el mismo instante en el que reciba los citados EPIS y demás medios de protección, sin desatender, por ello, a los colectivos profesionales prioritarios y a los colectivos más vulnerables".
Asimismo, acuerda al mismo tiempo la apertura de una pieza separada de medidas cautelares solicitadas y dar traslado de la demanda a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de tres días efectúen alegaciones sobre la posible falta de jurisdicción y/o competencia objetiva de este tribunal para conocer del fondo de la cuestión planteada.
