El paisaje humano de La Almunia de Doña Godina ha cambiado. En el arranque de la campaña de recolección de la cereza, en sus calles no se ve el habitual desfile de rostros extrajeros, principalmente magrebís y africanos que acuden cada primavera a Valdejalón en busca de jornales en la agricultura.

«Están, eso sí, los temporeros que viven todo el año, pero no la población flotante que aparece cíclicamente al comienzo de la temporada frutícola», asegura Vicente López, responsable de relaciones laborales de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA).

La causa de este cambio es el coronavirus, que retiene en sus países de origen a los immigrantes que viven de la recogida de fruta en las diferentes comunidades españolas.

Esta primavera del 2020, la misma escasez de mano de obra extranjera es general en todo el territorio aragonés. Y, sin embargo, la fruta no se quedará sin coger. Llegará puntualmente a las naves de almacenamiento y a los puntos de venta.

Porque resulta que el estado de alarma, que ha llevado al cierre temporal de hoteles y negocios de hostelería, ha dejado en el paro a miles de camareros que ahora van de la costa hacia el interior en busca de trabajo en la agricultura, actividad esencial que no ha parado ni en lo más profundo de la crisis sanitaria.

PAQUISTANÍS DE LA COSTA

Muchos de estos trabajadores de bares y restaurantes son de nacionalidad paquistaní. «Están por Cataluña y Levante y, al verse sin empleo, se están moviendo, aunque existe la posibilidad de que, en cuanto se reactive el turismo vuelvan a su punto de partida», conjetura el responsable de fruta de UAGA, Oscar Moret.

Las organizaciones agrarias han realizado llamamientos y han creado bolsas de trabajo para conseguir jornaleros, pero, sobre todo, lo que más ha funcionado ha sido el boca-oreja, según Moret. «Vienen del sector de la hostelería, pero sorprende que haya pocos parados españoles entre los que piden empleo en las fincas», dice el sindicalista. «En cualquier caso se presentan menos desempleados nacionales de los que se esperaba», añade.

El paro no es siempre la panacea, apunta Vicente López. Para empezar, en la bolsa de trabajo de su sindicato, realizada en combinación con el Inaem, se descartan los parados que están sometidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), los inmigrantes ilegales y otros demandantes con expedientes posteriores al 30 de junio del 2020.

La cuestión es que a las zonas frutícolas del Bajo Aragón, del Jalón y del Cinca están llegando personas que no encajan en el perfil tradicional del temporero, como trabajadores de empresas de aventura del Pirineo, graduados universitarios y extranjeros de otros ramas de la actividad.

En Fraga, donde la cereza y el albaricoque ya se están recolectando, este mayo no se dejan ver los inmigrantes de Senegal, Malí y Gambia que, junto a los rumanos, iban a sacarse el jornal a los frutales. Aun así, no hay problemas de personal.

«Los puestos que dejan vacíos los de fuera se cubren con gente de aquí, de la zona», señala un agricultor miembro del sindicato agrario Asaja. «La verdad, pensaba que habría más problemas para completar las plantillas».

Además, también se recurre a cambios de organización para anticiparse a la posible falta de mano de obra. Por ejemplo, se adelantaron las labores de aclareo de los árboles, cuando había menos jornaleros, con el fin de ganar tiempo, dice Moret. Y, en otros sitios, la lluvia ha estropeado las cerezas, de forma que tampoco será necesaria mucha ayuda.

Con todo, no se sabrá si habrá realmente problemas de gente disponible hasta que la temporada entre en su apogeo, sobre todo a mediados de junio.

Para entonces, no obstante, el panorama se habrá despejado bastante. El desconfinamiento, que ya ha empezado en el campo, estará más avanzado y todos los agricultores esperan que se atenúen las restricciones que limitan la movilidad.

«Muchos pequeños agricultores han tenido que alquilar furgonetas porque solo entre el 10% y el 15% de los temporeros tiene vehículo propio», señala el miembro de Asaja en el Bajo Cinca. Y Vicente López, de La Almunia, sabe que algunos propietarios de frutales han comprado bicicletas de segunda mano que facilitan a sus trabajadores. «Yo mismo he tenido que alquilar un autobús por 6.000 euros al mes para llevar y traer a los contratados, respetando además la distancia de seguridad entre asientos», explica un fruticultor de Fraga. Esto, se apresura a decir, supone «un gran gasto» que elevará de forma considerable el coste de producción.

MALAS COSECHAS

El transporte, unido a las medidas contra el coronavirus en los alojamientos para los jornaleros, es el meollo del asunto. Coger fruta sale más caro. Y si al agricultor no le cuadran los números es muy posible que cambie de cultivo en busca de rentabilidad. De momento, este año, en muchas zonas no va a haber una gran cosecha de fruta, con lo que el agro aragonés encadenará cuatro campañas malas, unas veces por bajos precios, otras por escaso rendimiento de la tierra y algunas por culpa de un tiempo perjudicial para los cultivos. Otra incógnita, que solo ahora empieza a desvelarse, es el comportamiento del consumidor, que está cambiando sus hábitos alimenticios durante el confinamiento y prefiere un tipo de fruta en detrimento de otro.