El acuerdo del Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, de proponer que se evalúe a los alumnos también de las tareas que hagan en casa y rechazar tanto la prolongación del curso como la supresión de la repetición, ha provocado reacciones diversas en la comunidad educativa aragonesa. Por un lado, los padres admiten cierta «decepción» porque «nos preocupa más la atención emocional de nuestros niños y familias que el avance curricular y también que se pretenda evaluar este periodo como se hubiera hecho de forma presencial y el curso como si no hubiera habido suspensión de clases», indicaron desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapar).

El colectivo aboga por seguir trabajando en casa pero «desde un punto de vista curricular se debería reforzar lo trabajado en el aula y, si se avanza materia, esta no puede ser evaluada. Hay que relativizar resultados puntuales de un trimestre o un curso para verlos en la globalidad de la formación del alumnado».

Para los docentes y centros, en cambio, el documento estatal ofrece más luces que sombras. «Me parece un documento sensato. Estoy totalmente de acuerdo con la evaluación extraordinaria en septiembre -Aragón ya la tiene-, la no prolongación de las clases en julio o garantizar sustituciones y medios», expone Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Zaragoza (Adizar) y directora del IES de Ejea. «Pero se necesita una mayor concreción en lo que supone la evaluación del desempeño y en aspectos como la promoción y la titulación, así como un análisis más riguroso de lo que supone esta situación para determinados ciclos formativos de FP, cuya enseñanza a distancia supone una auténtico problema por las dificultades de módulos prácticos que requieren el manejo de máquinas, herramientas e instrumentos muy específicos».

CSIF ve «bien» que las clases y evaluaciones acaben en junio y que estas se realicen teniendo en cuenta los tres trimestres. También apoya que el trabajo telemático sea de profundización y ampliación de los contenidos hasta la fecha anterior a la crisis sanitaria, pero exige «un plan contra la brecha digital» y más recursos «para que los docentes puedan seguir el curso a distancia».