La hoja de ruta pactada en Aragón para hacer frente a la crisis del coronavirus recoge 273 medidas con las que se pretende curar las heridas que la pandemia ha dejado en el territorio, las políticas públicas, la economía y el empleo. El documento es un compendio de líneas maestras que en la mayoría de los casos no profundiza o detalla las iniciativas a desarrollar, lo que es reflejo de las posiciones muy dispares de los firmantes en algunas materias. Pero la gran asignatura pendiente es la financiación: no hay estimación económica de las actuaciones -algunas de ellas muy cuatiosas- y el origen de los fondos para sufragarlas se deja al albur de lo que consiga captar del Estado y la Unión Europea.

A pesar de los peros, el acuerdo tiene una gran relevancia por la imagen de unidad que se proyecta y el refuerzo del marchamo de la paz social y política del que goza esta tierra, unos bienes intangibles de gran relevancia para la captación de inversiones e insuflar confianza de empresarios, trabajadores y consumidores. También queda el consuelo de que al ser un documento apoyado por un espectro tan amplió, al menos no habrá obstáculo político para no ponerlas en marcha.

Algunas medidas suenan conocidas, ya que eran objetivos previos al estallido de la pandemia, incluso activación de leyes ya aprobadas pero de escasa implantación. Otras son de nuevo cuño. El plan se divide en cuatro bloques (territorio, políticas públicas, economía productiva y empleo), además de un anexo con demandas dirigidas al Gobierno de España.

IMPULSO AL DESARROLLO RURAL Y A LA PROTECCIÓN CIVIL

Para la recuperación del territorio, la estrategia contempla medidas centradas en la Administración Local, como el empleo de los remanentes de los ayuntamientos (700 millones en Aragón) para la reactivación de la inversión pública, la moratoria en el pago de impuestos o la simplificación de trámites.

En cuanto al desarrollo rural, se habla de garantizar la PAC y la caza, ofrecer ayudas para el transporte y la venta (desarrollando la ley del 2017), o reforzar el fondo de cohesión territorial autonómico. Todo ello debería ir enfocado al medio ambiente, con refuerzo de las plantillas de bomberos forestales todo el año, planes para acceder a zonas naturales y para la ganadería extensiva o una ley de desarrollo rural sostenible.

También se apuesta por seguir con la extensión de la banda ancha por todo Aragón, un refuerzo del transporte público (también con planes de bici y taxis rurales) con ayudas para compensar pérdidas y la implantación del nuevo mapa concesional.

En protección civil, se proponen planes específicos para enfermedades contagiosas, una unidad central de almacenamiento de material y la ley de coordinación de emergencias, anunciada ya tras la borrasca Gloria.

REFUERZO DE LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS SOCIALES

Uno de los mayores esfuerzos estará en la sanidad, con planes específicos para rebrotes y de salud mental tras el confinamiento, además del refuerzo de la atención primaria, encargada del seguimiento de casos. El documento alude a un blindaje universal (con la tarjeta sanitaria sin excepciones ni plazos), al impulso del diagnóstico telemático, la separación de pacientes o la generalización de test. Las farmacias pasarían además a ser parte del sistema de salud, con una cartera de servicios remunerados.

Otra gran área, los servicios sociales, contaría con grandes incrementos presupuestarios con las residencias (para la retribución de personal o el fomento del modelo de microresidencias), las entidades que trabajan en la discapacidad o la dependencia. También será necesario un gran refuerzo económico para ampliar las ayudas a las familias ya no vulnerables sino en riesgo de exclusión, que pasaría también por una adecuada coordinación del IAI aragonés y el ingreso mínimo vital del Estado.

En Educación se hace hincapié en el plan para el curso que viene, incidiendo en eliminar la brecha digital. La ciencia y universidad también necesitarán una buena inyección para las medidas contempladas: refuerzo de becas, financiación estable para proyectos de investigación o ampliación de la oferta educativa en Sanidad. También se recogen subvenciones para el deporte, el uso de remanentes municipales para vivienda social o refuerzos en el departamento de Vivienda para tramitar ayudas. En Justicia, potenciar la atención telemática.

ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y APOYO A SECTORES CLAVE

Para la recuperación de la actividad productiva, el plan se marca el objetivo de retomar la senda hacia una economía aragonesa digital, sostenible y competitiva. Para conseguirlo, se apuesta por mantener el apoyo a los sectores estratégicos, como logística, agroalimentación o renovables.

En este bloque, se hace especial hincapié al impulso del vehículo eléctrico en el sector local de de automoción a través de líneas de ayudas, financiación, avales o apoyo a la innovación. Para evitar la falta de liquidez en la industria, se plantean subvenciones a fondo perdido. En agroalimentación, un plan de promoción de los productos aragoneses y dar apoyo al sector cooperativo.

La estrategia dedica un apartado a la cultura, un sector para el se proponen múltiples línea de ayuda. Para el comercio y la hostelería, se reclama una flexibilización de los ERTE. Además, se prevén campañas para promocionar el turismo y más inversión de obra pública.

NO TOCAR IMPUESTOS AUTONÓMICOS Y AGILIDAD ADMINISRATIVA

El plan recoge medidas para reforzar la financiación empresarial, las políticas de empleo o propuestas fiscales. y se insta a sostener los ERTEs como mecanismo para evitar destrucción del tejido productivo y del empleo. Entres las soluciones figuran préstamos participativos a través de las herramientas públicas, planes de apoyo específico para los sectores más afectados (hostelería, comercio o turismo) o un programa para favorecer la unión de empresas.

También se plantea una Estrategia Aragonesa de Conciliación laboral, familiar y educativa y avanzar en la agilidad y simplificación de trámites adminitrativos. En materia fiscal, se contempla no modificar ningún impuesto autonómico.

DEMANDAS A MADRID SOBRE LEYES E INFRAESTRUCTURAS

El documento incluye peticiones al Gobierno central, entre ellas, flexibilizar la ley de sostenibilidad local, prorrogar plazos de inversiones, planes para el transporte, el turismo o la automoción, la construcción de autovías (sobre todo la N-232) o una moratoria de impuestos para empresas, cuotas de autónomos y de Seguridad Social para todo el año o seis meses, además de agilizar el pago de los ERTE y reducir el IVA de productos de protección al 4%.