El número de contagios registrados al día baja de forma constante desde hace varias semanas, pero existen otros indicadores que muestran ya claramente que después de la crisis sanitaria se viene otra, la social. Y más allá de las cifras macroeconómicas, a pie de calle la problemática comienza a ser palpable. La vulnerabilidad de un sector de la población ya es sustancialmente mayor ahora que hace un par de meses.

En la delegación de Cáritas en Zaragoza atienden ya a 900 familias a la semana. Están aportando ayudas económicas semanales al mismo nivel que durante la anterior crisis. Se muestran, aseguran, preocupados por las personas vulnerables, «las más olvidadas», dicen. Hay personas que ya estaban en riesgo de pobreza antes, «pero ahora están peor», cuentan.

Desde Cáritas ejemplifican con el caso de un matrimonio con tres hijos al que han atendido. Él tenía un pequeño establecimiento que han tenido que cerrar por el estado de alarma. Debe ya dos meses de alquiler y aunque no tarde en poder volver a abrir, no sabe cuándo su negocio volverá a ser rentable. Ella tenía un contrato a media jornada pero ahora se ha visto afectada por un ERTE. No ha cobrado todavía su subsidio y percibirá un 70% de su salario. Han solicitado a la empresa dueña de su vivienda el aplazamiento del alquiler y además Cáritas les apoya económicamente con los gastos de comida y productos de higiene.

«Vemos con preocupación cómo se va a dar respuesta a las necesidades de pago de alquileres pendientes tras la morartoria existente», explican, ya que mucha gente se encontrará con varios recibos de golpe cuando se levante el aplazamiento. La situación, ahora ya complicada, podría empeorar. Por ello, Cáritas insiste a las administraciones para que establezcan lo que llaman «un ingreso mínimo garantizado» que cubra las necesidades económicas básicas de los hogares sin ingresos y de los trabajadores que se vean afectados por una situación laboral precaria.

En el comedor social de la obra social del Carmen, también en Zaragoza, están dando unas 260 comidas al día. En estas fechas, el año pasado, esa cifra era de 170. «Y eso que unas 80 personas de las que antes atendíamos están ahora en el albergue municipal. La cantidad de gente que atendemos ha aumentado, sin duda», explica Antonio de la Vega, coordinador general de la obra. El perfil de gente a la que atienden también ha variado. Muchos son jóvenes, de entre 18 y 25 años, («Posiblemente antiguos menores no acompañados», explica De la Vega) y personas que se de dedicaban a la recogida de chatarra y que ahora no están pudiendo generar ingresos de esa manera.

12.000 euros al mes / «A corto plazo esto va a ser muy duro y a todos nos tiene que mover el sentido de la urgencia. Y no entendida como precipitación. Hay que valorar bien cómo se ha de actuar. Sin prisa pero sin pausa», asegura De la Vega. En el comedor, asimismo, además de aumentar el número de comidas repartidas, también han visto cómo crecían sus gastos mensuales por culpa de la pandemia. «En el comedor solo entran las personas que no tienen hogar, el resto lo repartimos para llevar y eso encarece el servicio. Cada ración nos cuesta un euro más por los tuppers», explica. Además, han tenido que contratar a dos cocineros profesionales, porque los voluntarios que antes les ayudaban eran mayores, por lo que formaban parte del grupo de riesgo frente al covid-19 y ya no pueden aportar su trabajo. En total, mantener el comedor les cuesta 12.000 euros al mes.

Y en el Banco de Alimentos la situación se repite. En las últimas semanas han dado de alta a una veintena de nuevas organizaciones a las que sirven. «Hay otras también con las que hace mucho que no trabajábamos, porque se habían quedado sin actividad, y que ahora nos han pedido alimentos de nuevo», asegura José Luis Alfaro, presidente de la organización. Y eso que en su opinión, «lo peor está por llegar». «Después del verano, si la gente sigue sin encontrar trabajo...», augura. El Banco de Alimentos de Zaragoza atiende a unas 200 entidades, no así a particulares, a pesar de que todos los días reciben, al menos, media docena de llamadas. «Hay gente que nos llama muy perdida», concluye.

La crisis vuelve a dejar tras de sí trabajadores de diferente clase

«Esta nueva crisis no se puede solucionar de la misma manera que la anterior.», asegura la secretaria de Acción Social de CCOO Aragón, Sonia García. Desde el sindicato han identificado varios grupos de trabajadores a los que la crisis provocada por el covid-19 no va a perjudicar por igual. En primer lugar estarían los afectados por un ERTE, que en principio están cubiertos por el Estado, aunque todavía no hayan recibido el subsidio. Pero García apunta también a que muchas empresas de trabajo temporal despidieron gente antes de decretarse el estado de alarma, por lo que estas personas no pueden beneficiarse de las ayudas. Asimismo, también están los que trabajaban sin contrato, como el personal de limpieza doméstica y aquellos que aunque tuvieran contrato, este solo regularizaba una parte de su jornada real. «Había gente contratada por 10 horas pero hacían más. Con un ERTE solo cobrarán la parte proporcional de las horas contratadas».