Son colectivos profesionales que la ciudadanía frecuenta a menudo. Son podólogos, fisioterapeutas, ópticos-optometristas, logopedas, terapeutas ocupacionales y dietistas y nutricionistas. Las medidas tomadas por el Gobierno central con el fin de prevenir y frenar el contagio del coronavirus no dictaron un parón para sus actividades, pero creen que hay que revisarlo porque temen que eso pueda tener consecuencias funestas en forma de un aumento significativo de los contagios.

La restricción no les alcanzó, lo que supone que pueden abrir sus centros, pero el sentido común y la prudencia colisionan, en su opinión, con que el Ejecutivo central permita que sigan trabajando. Dicen que no tienen material para protegerse ni para proteger a sus pacientes, con los que trabajan casi siempre en contacto, y que, en general, sus tratamientos pueden ser aplazados sin problemas.

SEIS COLEGIOS PROFESIONALES

Por ello, seis colegios profesionales que representan a estos colectivos enviaron este domingo una carta al secretario general de la presidencia del Gobierno, Félix Bolaño, para comunicarle que han decidido, con un apoyo ampliamente mayoritario, cerrar su centros y restringir sus actividades a los casos de urgencia, a quienes precisen de sus servicios.

"Estos seis consejos colegiales de profesiones sanitarias consideramos que debemos garantizar la actividad de fisioterapia, podología, óptica y optometría, logopedia, terapia ocupacional y dietética-nutrición exclusivamente en aquellas situaciones en las cuales la actuación urgente del/de la profesional sean fundamentales para la evolución del paciente", indica la misiva.

ESTAR EN LA LISTA DE CIERRE

Los profesionales advierten de que de otro modo no pueden garantizar que no estén contribuyendo al contagio de sus pacientes y de ellos mismos, y subrayan que al no estar obligados a interrumpir su labor diario no podrán acceder a las medidas habilitadas por el Ejecutivo central para los que se ven obligados a parar.

"Reclamamos la inclusión de nuestros profesionales entre los establecimientos de obligado cierre, exceptuando las urgencias que pudieran ayudar a no colapsar el sistema sanitario público", añade la carta, que además de advertir de que cerrarán sus centros piden al Ejecutivo central que certifique esa clausura.