Mientras el sector de la hostelería y el ocio nocturno protestaban ayer a las puertas del Palacio de la Aljafería en los momentos previos al pleno, la sesión que estaba a punto de comenzar en las Cortes guardaba la sorpresa de una mínima flexibilización de las medidas sanitarias para este sector. Una enmienda presentada por Ciudadanos al proyecto de ley por el que se regula el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia en Aragón permitirá a los hosteleros abrir el interior de sus negocios con un aforo de «mínimo el 25%» cuando la comunidad se encuentre en fase de alerta 3. Por ahora, las cosas siguen igual, ya que la comunidad continúa en fase de alerta 3 «agravada» y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, reiteró ayer que hay que esperar todavía a las fechas cercanas a la Navidad antes de tomar nuevas medidas.
«Es una reivindicación que el sector (hostelero) tiene desde el primer día. Pidieron que se les dejara abrir en el interior de los locales, porque si no, muchos de ellos se ven abocados a tener que cerrar o a la desaparición», señaló la diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar, en el turno de palabra para defender la posición de cada grupo frente al decreto ley. «No solo consiste en salvar vidas, consiste también en salvar empleos y en salvar la economía de Aragón», prosiguió. Por eso presentaron una enmienda que luego ha encontrado el apoyo del resto de grupos. «Para que el aforo de consumo sea como mínimo, subrayo el como mínimo, de un 25% en el interior. Una enmienda que ha sido aceptada y formará parte del texto de esta ley», defendió Gaspar. Esta medida supondrá un cierto alivio al sector hostelero, que sigue reclamando más ayudas al Gobierno de Aragón, ya que insisten en que lo propuesto hasta ahora «no llega ni para pagar una cuota de autónomos».
El matiz en el aforo para el interior de la hostelería es uno de los cambios destacados que ha sufrido la norma, aunque también se han incluido otras enmiendas. Como el mayor control del aforo del 25% en el interior de los establecimientos de las grandes superficies comerciales o el mantenimiento de los mercadillos al aire libre dedicados a actividades esenciales, propuestas por Izquierda Unida.
También la del Partido Popular para que las personas que presenten síntomas compatibles con el coronavirus o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico positivo o haber tenido un contacto estrecho con alguna persona contagiada, «no deberán acudir a su centro de trabajo» y «en la medida de las posibilidades específicas de cada caso, y de acuerdo con la normativa estatal, se facilitarán los medios y herramientas para poder teletrabajar desde el domicilio, siempre que las circunstancias lo permitan».
PP y Vox, en contra del régimen jurídico en Aragón
Sin embargo, el debate parlamentario en torno a este decreto ley recibió los reproches de los grupos del Partido Popular y de Vox, que fueron los únicos que votaron en contra de esta norma. Para la portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, el Gobierno autonómico se ha servicio de una «treta jurídica» para saltarse la legalidad. «No vamos a votar a favor porque no vamos a ser cómplices silenciosos de una treta jurídica que no respeta la democracia», espetó Vaquero. «El Gobierno de Aragón sabe que (este decreto) es una tropelía jurídica, ¿con qué legitimidad va a pedir el Gobierno de Aragón a los ciudadanos que cumplan la ley?», se llegó a preguntar la popular en sede parlamentaria. «No pueden restringir derechos y libertades con un decreto ley», prosiguió, y reivindicó que el Ejecutivo aragonés inste al central a afrontar las reformas legales necesarias para dar amparo a las restricciones que requiere la pandemia. «El PP no puede votar a favor de ir en contra de la ley, porque eso supone perder la libertad e ir en contra de la democracia», subrayó.
Desde el grupo parlamentario de Vox, la diputada Marta Fernández, anunció que votarían en contra del decreto porque «Aragón sigue en confinamiento, en alerta 3, y seguimos sin escuchar ningún cambio de rumbo». Eso sí, votaron que no a un decreto para el que, pese a no gustarles, no presentaron ninguna enmienda que pudiera mejorarlo.
Los partidos de la derecha encontraron su réplica en el portavoz socialista Darío Villagrasa, que recriminó el tono duro empleado por la portavoz popular en un momento en el que «el Gobierno de Aragón se está dejando la piel día, tarde, noche y madrugada». Y aseguró que «si hoy gobernara el PP, el tono de este portavoz sería de colaboración y apoyo». Unas palabras que todavía soliviantaron más a la bancada popular.
También desde la oposición, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, subrayó que «la necesidad de actuar es evidente y yo creo que tenemos que actuar todos y todas: las comunidades autónomas y el Gobierno de la nación también». Por eso, votó a favor de la misma y afirmó que «hoy (por ayer) damos un paso en el marco de nuestra capacidad legislativa y eso es importante».
El resto de grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno mostraron como no podía ser de otro modo su apoyo al decreto. Isabel Lasobras, desde Chunta Aragonesista, recordó que «sigue siendo necesaria la actuación pública para salir de la pandemia» y afirmó que «cuando la autoridad sanitaria aragonesa aplica estas leyes lo hace por el compromiso con la protección de la salud y de la vida». Y desde Podemos, su portavoz Nacho Escartín llamó a los parlamentarios a «ser solución y no plaga», emulando a Albert Camus, y subrayó la importancia de «modular y aplicar restricciones puntuales» a los derechos y libertades para poder salir de la pandemia.
