Hace poco más de un mes que los grupos políticos y los agentes sociales aragoneses se hicieron en La Aljafería la foto de la firma de la estrategia aragonesa para la recuperación y este jueves las Cortes aprobarán el primer acuerdo de entidad el que permitirá agilizar trámites burocráticos y dispondrá otros 7,5 millones de euros para ayudas de automoción, investigación, agricultura o programas de empleo. La misma jornada en la que el Gobierno de Aragón firmará los decretos con las diputaciones provinciales para la aplicación de las medidas de la estrategia. Un documento de cuya aplicación solo comienzan a renegar PP e IU, por distintos motivos.

Los sucesivos decretos y medidas sumarán alrededor de 510 millones de euros, según ha venido anunciando la DGA, que sigue cifrando el coste de la pandemia en los 400 millones de euros que el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, estimó hace ya meses. Y que coinciden aproximadamente con los que llegarán del reparto de los 16.000 millones estatales, aunque se critiquen los criterios de esta distribución.

La cuestión es si, más allá de la foto y de la importancia que tuvo el acuerdo por el hecho de alcanzarse, y por ser pionero (aunque no el primero) en España, en lo que coinciden todos los firmantes, está sirviendo para algo. Y entre los grupos políticos, no solo los de Gobierno, la mayoría piensa que sí, o que hay que dar tiempo. Ni siquiera Vox, que no lo firmó, es especialmente crítico. El diputado Santiago Morón recuerda que «la mayoría de las medidas las hubiéramos suscrito», pero querían que se tratase en las Cortes.

El presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, respondió ayer irónicamente sobre los avances en la aplicación de la estrategia que aprobaron, en una comparecencia tras la primera reunión presencial de su grupo parlamentario. «Alguien me puede decir una sola medida que se haya aplicado», consideró, exponiendo que las que se han lanzado (como las ayudas de automoción o los créditos públicos) ya estaban en marcha o son desvíos de fondos del presupuestos. Por una reconfiguración que, de hecho, aún no se conoce. Beamonte acusó al Ejecutivo de «opacidad», además de no tener «pulso» en muchas áreas, por lo que cambiaría a al menos tres consejeros, que no detalló.

Esta crítica no impedirá que voten a favor del decreto de hoy, ante el que Vox se abstendrá. Se pueden esperar, eso sí, críticas en el debate parlamentario, que también llegarán de IU, aunque no tanto por el ritmo de aplicación de la estrategia sino por sus formas. «El Gobierno está eligiendo sus prioridades, y no precisamente de manera correcta», consideró, apuntando que la ayuda empresarial está primando sobre la social y que se están colando elementos fuera del acuerdo, como aumentar un año la validez de evaluaciones ambientales que ya deberían estar caducas.

Entre el resto de grupos, Daniel Pérez Calvo, por Cs, consideró útil que las medidas en estos momentos se aprueben por decreto, «por agilidad», y apuntó que los agentes sociales están «moderadamente satisfechos» con su aplicación. Los del cuatripartito, tanto Vicente Guillén por el PSOE, Maru Díaz por Podemos, Joaquín Palacín por CHA y Jesús Guerrero por el PAR, incidieron en el valor del acuerdo, la protección social y empresarial y la necesidad de que lleguen fondos de España y la UE.

CRÍTICAS POR INCLUIR OTRAS MEDIDAS

El pleno de las Cortes aprobará hoy, previsiblemente, diversos decretos relacionadas con la pandemia y las ayudas sociales, como las líneas de investigación, la reforma del Ingreso Aragonés de Inserción y el de medidas urgentes, con diversas líneas de ayuda. Ha sido este el que mayor inquietud ha generado entre los sindicatos, aunque no por su contenido relacionado con la propia estrategia que firmaron.

Las críticas, en particular de CCOO, se refieren a la prolongación de la posibilidad de que los funcionarios sean desplazados por necesidades de servicio o la prohibición de posponer vacaciones, explicaba el secretario general de la formación a nivel autonómico, Manuel Pina, «que habría que negociar en la mesa sectorial». Algo que Daniel Alastuey, de UGT, no tiene duda de que sucederá, porque «esas medidas no las acordamos». Salvo esto, ambos se mostraban satisfechos con el acuerdo, entendían que la financiación ha de llegar de otras administraciones y confiaban en que pronto lleguen «también las medidas sociales y de protección del empleo», igual que se van viendo avances en las empresariales.

Estas, según Ricardo Mur, de la CEOE, van funcionando «razonablemente bien» en cuanto a liquidez y ERTE, aunque advirtió de que en estos «se impondrá la realidad» y tendrán que prolongarse. Apostó por las próximas modificaciones, que le consta que se están preparando, para agilizar burocracia, como el silencio administrativo positivo o la declaración responsable. También Aurelio López de Hita, por parte de Cepyme, defendía el valor de un acuerdo al que dio «dos meses para apreciar resultados» en la actividad.

Tampoco en la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP)_había quejas en la aplicación de la estrategia, pendientes de que el Gobierno central les permita invertir sus remanentes de tesorería, bloqueados por la ley de sostenibilidad.