El PP ha propuesto al Gobierno de Aragón alcanzar un acuerdo con los principales bancos que operan en la comunidad para avalar las operaciones de anticipo de las prestaciones de desempleo a los miles de afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que no cobren a tiempo esta paga. Los populares plantean que la DGA ofrezca una garantía con un límite mensual de 750 euros por trabajador, de tal forma que su cuantía total no exceda de 1.500 euros por cada afectado.
Las entidades financieras llegaron a un acuerdo de con el Ministerio de Trabajo para abonar de forma adelantada estos pagos ante la imposibilidad de la Administración de hacerlo en los plazos ordinarios debido al colapso que sufren los servicios de empleo, tanto autonómicos como estatales (SEPE), para tramitar los procesos y prestaciones. El motivo no es otro que el aluvión de estos procedimientos que ha provocado el estado de alarma decretado para frenar la propagación del coronavirus. Solo la DGA ha tramitado ya 10.177 expedientes de este tipo para un total de 80.070 trabajadores, una cifra que supera a la de parados (72.481 al cierre de marzo).
El PP ha registrado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón con esta idea para su tramitación y el portavoz económico del partido, Javier Campoy, ha enviado una carta con el mismo objetivo a la consejera del ramo, Marta Gastón. Según los populares, «la inmensa mayoría de las personas incluidas» en los ERTE no están percibiendo ingreso ninguno, a pesar del «esfuerzo» realizado por el Gobierno de Aragón para agilizar los trámites con el aumento de la plantilla y la simplificación de trámites.
El PP recuerda en la iniciativa parlamentaria que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha reconocido a nivel nacional que «el inmenso número de solicitudes ha generado un colapso». «Esta situación tiene como consecuencia que se demorarán los pagos hasta mediados de mayo o incluso el mes de junio, en muchos de los casos», aseguran los conservadores.
Ante esta situación, la formación liderada por Luis María Beamonte considera que «es obligación de los poderes públicos aragoneses» conseguir que las miles de familias aragonesas afectadas por suspensiones de empleo «puedan empezar a cobrar, de forma inmediata, para hacer frente a sus necesidades básicas».
GESTIONES DE LA DGA Y EL EJEMPLO DE IBERCAJA
El propio Gobierno de Aragón ha mantenido ya contactos con las entidades financieras para facilitar la solicitud de anticipos de las prestaciones de paro ligadas a los ERTE del coronovarius. Para llegar a cabo estas operaciones, la DGA ofrece a los bancos la posibilidad de consultar telemáticamente a la Dirección General de Trabajo si un expediente de empleo que no ha recibido la autorización definitiva del SEPE ha sido denegado.
Entidades como Ibercaja, el principal banco que opera en Aragón, ya vienen realizando anticipos de las prestaciones de paro desde finales de marzo, cuando se detectó el problema del SEPE para tramitar los pagos.
