La vieja conocida «armonización fiscal» se ha instalado de nuevo en la agenda política después del pacto para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del 2021 con Esquerra Republicana de Cataluña y de que la Comunidad de Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, abandere la liberalización impositiva y reciba las acusaciones de dumping fiscal desde Cataluña en el enésimo choque de trenes entre el independentismo y el PP. Pero en esa armonización fiscal, que también se reclama desde Aragón poniendo el énfasis en la necesaria financiación justa de todas las autonomías, el debate de fondo es que todos los españoles no pagan los mismos impuestos vivan donde vivan. Lo dice también la Constitución.

Según refleja el estudio Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2020 del Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales, los aragoneses se encuentran entre los que pagan más tanto en los tramos de renta más baja del IRPF como en los impuestos sobre Patrimonio y Donaciones. El asunto, frente a políticas impositivas como la de Madrid, que deja exento el tributo de patrimonio para todas las fortunas, sean lo elevadas que sean, se traduce en un evidente desequilibrio.

Viaje de ida a Madrid

Entre las posibles consecuencias de esta política fiscal se encuentra la salida de empresas hacia la capital. En los últimos cinco años, un total de 781 compañías han cambiado su domicilio social a otra comunidad, y el 44% (344 sociedades) ha decidido hacerlo a Madrid. En el 2019 el porcentaje de fugas hacia Madrid fue aún mayor, con un 53% del total (79 de las 147 compañías que salieron). Sea como fuere, esta tendencia no varía desde hace ya varios años y se mantuvo en los seis primeros meses del 2020, en el que 36 sociedades (de un total de 75) se mudaron a la comunidad presidida por Díaz Ayuso, según los datos del Estudio sobre Cambios de Domicilio, publicado por Informa D&B, compañía filial de CESCE.

En concreto, en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Aragón es la segunda comunidad que más retiene a los contribuyentes que cotizan hasta 30.000 euros anuales, solo por detrás de Cataluña. Por ejemplo, para un contribuyente soltero, sin hijos y menor de 65 años sin ninguna deducción especial, la retención es de casi 2.400 euros si cotiza 20.000 euros anuales y de casi 5.050 si cotiza 30.000. Para este mismo ejemplo, un madrileño aportaría por el IRPF entre 200 y 300 euros menos anuales. Sin embargo, en el tramo del IRPF para las rentas más altas, como las de los contribuyentes de más de 300.000 euros o 600.000, Aragón se ubica entre el undécimo y décimo segundo puesto de las comunidades que más gravan.

El impuesto sobre el Patrimonio es uno de los que más desequilibrios genera, dado que la Comunidad de Madrid lo tiene exento para todos sus contribuyentes. Aragón es la comunidad que más retiene a los ciudadanos que atesoran un patrimonio de 800.000 euros (teniendo en cuenta que 300.000 están exentos por la vivienda habitual), y las arcas autonómicas se quedan 1.164 euros. Extremadura es la siguiente comunidad que más pide a los contribuyentes (1.099 euros), seguida por Cataluña, con 769. En el caso de los patrimonios de más de 4 millones de euros, la comunidad autónoma retiene 41.646 euros, en la media española. También en el caso de los patrimonios de más de 15 millones se encuentra en la media estatal, mientras Extremadura e Islas Baleares lideran ambas retenciones.

En el caso del impuesto sobre Donaciones, Aragón cierra el podio de las comunidades que más gravan, tras Castilla y León y Extremadura. Un hijo de 30 años que recibe una donación en efectivo de 800.000 euros de su padre deberá pagar a las arcas públicas 177.706,26 euros, frente a los cero euros que recauda Cantabria o los 2.000 de la Comunidad de Madrid.