La alta tasa de mortalidad en las residencias de ancianos aragonesas ha hecho que se blinden para evitar que el coronavirus acceda a sus instalaciones. De los 17 fallecidos, según el último recuento oficial en la comunidad aragonesa, 14 eran personas de elevada edad e internos.

Desde el domingo que se decretó el estado de alarma nadie que no sea trabajador de estos centros de mayores puede entrar. Así lo determinó el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y se está cumpliendo con especial celo.

Herminia de Miguel, gerente de la residencia pública de Borja, lo admite, asegurando que «nuestros usuarios, los 94 que tenemos, son nuestro bien más preciado y nos debemos a ellos para protegerlos». «Cortamos las visitas de familiares, los proveedores dejan la mercancía en la entrada y los trabajadores están muy concienciados de que no pueden infectarse porque sería un verdadero problema». No obstante, recalca que el personal lleva guantes y mascarillas cuando realiza el contacto directo con los internos. De Miguel sí reconoce que esas mascarillas se las han fabricado ellas puesto que todavía no les han llegado por parte de la Administración. Les han prometido disponer pronto de material reglamentario.

COMUNICACIONES / Blindar las residencias implicó que las visitas de familiares estuvieran prohibidas. Algunos geriátricos han optado por hacer llamadas a los familiares, otros por enviar una foto por correo electrónico que complementa una breve descripción de cómo esta el interno y otras, como la de Borja, ha elegido hacer videollamadas por Whatsapp.

«La idea vino de los propios trabajadores que fueron recopilando números de los familiares y ninguno dijo que no, es una forma única de poder interactuar con sus familiares», señala de Miguel. En lo que respecta a los usuarios que padecen alzheimer o demencia senil, el centro sustituye estas comunicaciones con vídeos de actividades en las que participan en estas personas.

En Ansó sí que entró el coronavirus en la residencia y un hombre de 94 años resultó infectado. Ahora los 40 internos y los 14 trabajadores se han hecho las pruebas para ver si alguno más está contagiado al haber estado en contacto con él. Reconocen que hay inquietud y nerviosismo.

En la Casa Amparo, en pleno centro de Zaragoza, empezaron limitando el acceso a los familiares de sus 58 residentes, cerrando el centro de convivencia y retirando las barajas, juegos de mesa y periódicos. Luego decidieron cerrar la cafetería, prohibir las salidas a la calle (los que pueden) y las visitas. Ahora no pueden ni recibir paquetes desde el exterior. Todo con el mismo objetivo: «el virus no puede entrar de ninguna manera».

Su directora, Carmen Lafuente, admite que estas restricciones tienen consecuencias en el estado anímico de los mayores porque «son pérdidas que tienen que gestionar». Para ayudarles a sobrellevar la situación han comenzado a hacer videollamadas con sus familiares, siempre de uno en uno.

Lafuente, que admite que el material sanitario escasea, explica que es muy importante que mantengan la distancia recomendada, por eso se han organizado varios turnos para comer y poder reducir así el número de comensales por mesa y ya no se permiten las charlas en los sofás de la sala principal, donde también veían la televisión.