El coronavirus se cebó con las residencias y ha vuelto a hacer mella en los centros de mayores en la segunda oleada que vive Aragón desde principios de julio, pese a la supuesta experiencia adquirida y las medidas de seguridad adoptadas. En estos dos meses, 71 residentes han fallecido por el covid-19 en la comunidad autónoma. Una cifra que, aunque no se puede comparar con los datos registrados en el primer impacto del covid-19 con cerca de 800 fallecidos, revela la fragilidad de los mayores cuando este virus entra en los geriátricos. Además, deja en el aire la reflexión sobre qué otras medidas se pueden tomar cuando ya se ha decidido cerrar los centros afectados, limitar las visitas en todas las residencias y extremar las medidas sanitarias.
Actualmente hay brotes en 72 centros de mayores y casi un millar de contagios, 686 residentes y 222 trabajadores. Hay también 133 ancianos hospitalizados. Eso sí, el 70% de los centros afectados tan solo tienen uno o dos casos, y preocupa la situación en diez, donde se acumulan más positivos.
La titular de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, reiteró ayer que la situación en las residencias es algo que «preocupa muchísimo al Gobierno de Aragón». Y reconoció que «el oasis» que se pensaba que podría ser el verano, «no ha sido para nada así». «Cuando hay brotes en la sociedad en general y cierta transmisión comunitaria, el covid llega a las residencias», reconoció. «Intentamos blindarlas al máximo, pero el riesgo cero no existe», lamentó Broto. Y aseguró que las medidas aplicadas hasta ahora prácticamente son «todas» las que planteó semanas después el Ministerio de Sanidad.
En la práctica, Aragón solo tiene que aplicar una de ellas, porque el resto «ya estaban en marcha». Las residencias deberán realizar PCR a los nuevos ingresos en los centros con 72 horas de antelación como máximo. Y los servicios de prevención de riesgos laborales realizarán pruebas a los trabajadores que regresen de permisos y vacaciones de más de 15 días, y a los nuevos empleados.
También se recomienda la realización periódica de estas pruebas al personal en contacto directo con los residentes, algo que hasta ahora no se hacía. Y preguntada la consejera sobre esos análisis periódicos, señaló que ahora «lo más importante es hacer PCR de manera urgente a los centros con al menos un caso». Sería una medida que podría estudiarse «a largo plazo». Por otro lado, desde que se permitieron los nuevos ingresos en centros no afectados por el virus, hay 781 nuevos usuarios, «una muestra de que se mantiene la confianza en el sistema», defendió Broto.
En la reunión telemática celebrada en la tarde de ayer con el resto de consejeros y el Secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, Nacho Álvarez, la consejera Broto defendió la utilidad de los centros intermedios de coronavirus en Aragón y exigió que el Gobierno central «financie de forma adecuada» la ley de la Dependencia y que se cree otro fondo covid-19 para hacer frente a la pandemia.
