La Sareb, la empresa semipública en la que se aparcaron los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras rescatadas, sigue acumulando pérdidas multimillonarias. El también conocido como banco malo ha anunciado este jueves unos números rojos de 947 millones de euros en el 2019, los octavos consecutivos desde su nacimiento, con un incremento del 8% debido a que ha tenido que reconocer un impacto de 83 millones porque no podrá generar en el futuro los resultados necesarios para aprovecharse de derechos al menor pago de impuestos (activos fiscales diferidos).

La compañía presidida por Jaime Echegoyen, participada en un 45,9% por el Estado y el resto por entidades privadas (básicamente bancos españoles), nació en el 2012 prometiendo una rentabilidad del 14% en sus 15 años de vida. Sin embargo, tanto el público Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como la propia Sareb reconocieron ya hace años que ni siquiera se podrán recuperar todas las ayudas que se le inyectó (2.192 millones en capital). El Estado ya ha dado por pérdido el 92,4% (2.024 millones), y eso sin tener en cuenta los números rojos del 2019, con lo que el mayor temor es tener que poner más dinero, como advirtió la Comisión Europea en el 2016.

Para contribuir a evitarlo, el Gobierno aprobó hace dos semanas que la firma, que opera con patromino negativo gracias a un cambio legal aprobado por el anterior Gobierno del PP, no entre en causa de disolución aunque su patrimonio neto caiga por debajo de la mitad de su capital social. "Hasta el momento, Sareb está cumpliendo su mandato. Además, como parte de su responsabilidad social corporativa, Sareb cuenta con un programa de promoción de vivienda social", justificó. La compañía cerró el año pasado con unos recursos propios de 1.659 millones de euros y la propia entidad admitió en su memoria del 2018 que podría quedarse sin ellos a medio plazo debido a sus continuas pérdidas.

MENOS INGRESOS

Sus ingresos cayeron el 34% en el 2019, hasta los 2.308 millones. Por primera vez, la gestión y venta de inmuebles (1.328 milones) aportó más que la actividad con los préstamos promotores heredados (943 millones). La compañía decidió el año pasado reducir la venta de estos créditos en el mercado mayorista para no tener que asumir descuentos excesivos y optó por intensificar su transformación en inmuebles mediante daciones y ejecuciones, así como impulsar la promoción residencial y la gestión urbanística de los suelos. Así, ejecutó las garantías de créditos por valor de 1.867 millones de euros, un 33% más, lo que le permitió sumar a su balance 21.140 inmuebles. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) le advirtieron en julio del año pasado que debía evaluar "cuidadosamente" la "viabilidad" de esa estrategia.

La caída de los gastos operativos (4%, hasta los 670 millones) y sobre todo de los costes financieros (11%, hasta los 586 millones) permitió una ligera mejora de las pérdidas antes de impuestos (864 millones, un 2% menos). La compañía amortizó otros 825 millones de deuda, con lo que en sus siete años de actividad ya ha cancelado 15.676 millones. Desde que inició sus opeaciones en el 2013, ha reducido el volumen de préstamos impagados que heredó en un 51%, en tanto que su cartera global, incluyendo los inmuebles, ha disminuido un 36%.

Todavía tienen en balance activos por valor de 32.274 millones de euros, de los que el 60% son préstamos al promotor y el 40% inmuebles. Originalmente recibió activos por valor de 50.781 millones de euros, de los que el 80% eran préstamos y el 20% inmuebles. La compañía tiene cedidas 2.336 viviendas de las 4.000 ofrecidas para fines sociales a 26 ayuntamientos y comunidades autónomas y recientemente ha anunciado que pretende llegar a las 10.000 viviendas mediante contactos con ayuntamientos de menor tamaño