El Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), un sindicato que reúne a parte de los trabajadores de Avanza (la empresa que gestiona los autobuses urbanos de Zaragoza), ha insistido este miércoles en que se aumenten los refuerzos de este servicio después de haber constatado “masificaciones” en las paradas de los buses que no pueden acceder a los vehículos por el límite de aforo impuesto por seguridad.

En una nota, hacen referencia a un estudio propio realizado desde el pasado día 13 en las líneas 21, 23, 24, 29, 32, 33, 36, 39 y 42 en las franjas horarias de las 5 a las 9 de las 13 a las 17 y de las 20 a las 23 horas, coincidentes con los horarios de entrada y salida de los turnos de los hospitales y de las personas y trabajadores que circulan en el autobús. Las frecuencias en estas franjas alcanzan hasta los 20 minutos, por lo que los usuarios se agolpan en las paradas y no siempre pueden subir.

La situación se agrava, explican, en el entorno del hospital Miguel Servet, por ser el centro en el que más trabajadores agrupa. “No es de recibo que a nuestros sanitarios se les esté tratando así, no es de recibo que mientras todos los días, les aplaudimos desde nuestras ventanas y balcones reconociendo su trabajo, por otro lado los dejemos tirados en la calle cuándo van a trabajar o salen de turno del hospitalario”, lamentan.

Piden, por ello, que se retomen los horarios habituales de los días laborales en vez de el de los festivos, “puesto que no hay tiempo suficiente” para que los conductores realicen las rutas completas.

Por otro lado, el grupo municipal de Podemos en Zaragoza ha cifrado en unos 10 millones la cantidad que el consistorio deberá abonar a Avanza por la caída de los usos de este medio de transporte. Por ello, piden al Gobierno de la ciudad que renegocie las condiciones de la contrata porque “la paralización de la ciudad determinada por la alarma sanitaria no puede traducirse en que las empresas concesionarias de servicios públicos ganen dinero a costa del erario público”.

El propio Azcón dijo este martes que el agujero provocado por la caída de los usuarios del transporte en las cuentas del área de Servicios públicos podría ascender, “en el peor de los escenarios”, hasta los 18 millones de euros.