El Departamento de Sanidad se ha convertido en una especie de embudo al que llegan miles de multas cada semana desde que son las comunidades autónomas las que decretan restricciones y confinamientos para contener la propagación del coronavirus. Los agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Local están cumpliendo con un cometido y eso se traduce en la llegada de decenas de miles de denuncias desde marzo a un servicio encargado de tramitar este tipo de expedientes sancionadores que está «desbordado». Su trabajo, aseguran desde la DGA, «se ha multiplicado por mil» con la llegada de la pandemia y la asunción de la tramitación íntegra de estos expedientes. Por eso, el personal que realiza estas labores ya ha sido reforzado una vez, y volverá a incrementar sus efectivos, según fuentes del Ejecutivo autonómico, para poder dar salida a un «ingente volumen» de sanciones que nunca antes habían tenido que gestionar.
Otro efecto del embudo es que tras diez meses de pandemia aún no se ha hecho público el nivel de tramitación de los expedientes sancionadores ni cuáles han sido los ingresos de la Administración autonómica por estas multas. Tampoco Delegación del Gobierno ni los respectivos ayuntamientos han aportado datos al respecto de las multas que les competen.
El propio presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, han reconocido en varias ocasiones que el ritmo de tramitación era menor del deseado. En la última entrevista concedida por el líder aragonés a EL PERIÓDICO, Lambán afirmó que «igual que Sanidad no estaba preparada para una pandemia, aún lo estaba menos para poner centenares de sanciones por incumplimiento de las normas. Al principio, la tramitación de las denuncias fue excesivamente lenta, hasta que eso se ha externalizado y desde hace dos semanas (hace más de un mes, ahora) se empiezan a tramitar con celeridad. Espero que pronto nos pongamos al día para su efectivo abono». Pérez aseguró que un acuerdo con Correos aligeraría los procesos. Pero pocas noticias más hay sobre esa externalización y, sobre si se ha logrado tomar el pulso al cobro de las multas. Parece que todavía no, a tenor del refuerzo de personal confirmado por el Gobierno.
Los sindicatos y organizaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad alertan de que estos retrasos pueden generar «una falsa sensación de impunidad» que puede derivar, a su vez, en un «efecto rebote» entre los infractores reincidentes que no ven en su bolsillo las consecuencias directas de saltarse las normas.
Sensación de impunidad entre los infractores
Desde la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil en Zaragoza aseguraron que «las sanciones son para que el ciudadano aprenda la lección. No vale para nada nuestro trabajo si luego las multas no se pagan, e incluso sirve para que se envalentonen». El principal problema, aseguraron estas fuentes, es que «aunque finalmente lleguen las multas, si pasa mucho tiempo, durante todo ese tiempo el ciudadano piensa que es impune». En la Policía Nacional, el sindicato Jupol afirmó que los agentes «sancionan el 100% de las infracciones que ven», pero reconoció también que desconoce si esas multas llegan a pagarse. «Pensamos que sí que llegan las sanciones, pero no tenemos más información», recalcaron.
Además, las organizaciones policiales siguen reclamando una «rectificación» al presidente Lambán, que exigió el viernes pasado su «implicación activa» como uno de los pilares necesarios para frenar la pandemia. Después de que lo hicieran en Twitter horas después de que se produjeran las declaraciones del presidente aragonés, este lunes las organizaciones CSL (sindicato mayoritario de policías locales de Aragón), Jupol (sindicato mayoritario de la Policía Local) y Jucil (asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil en Aragón) emitían un comunicado en el que reivindican su labor y compromiso contra la pandemia y volvían a exigir al presidente que retire sus palabras.
Las multas llegarán
Pese a los retrasos, desde Sanidad insisten en que «todas las sanciones llegarán, serán notificadas y tendrán que abonarse» y recuerdan que se trabaja cada día a un ritmo «muy elevado» para realizar todas las tramitaciones. Además, se trata de infracciones que no prescriben.
Para hacerse una idea del volumen de expedientes que se deben tramitar desde Sanidad, solo hay que mirar a la capital, Zaragoza. Desde julio, la Policía Local ha denunciado casi 17.000 incumplimientos relacionados con el covid. De ellos, 13.080 están relacionados con las medidas impuestas por la DGA y se tramitan en esa ventanilla «desbordada». Las 4.000 sanciones restantes se gestionan principalmente en el área de Urbanismo del consistorio (las relacionadas con el botellón o las licencias de la restauración; por ejemplo, 236 por exceder las mesas autorizadas o 789, principalmente, por consumir en la barra). En este caso, todas se han tramitado.
Otras 490 infracciones están relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana, por desobediencia a los agentes o resistencia a la autoridad que, en este caso, correspondería a la Delegación del Gobierno tramitar y recaudar. Un volumen muy inferior al que soporta la consejería. Tampoco en estos casos hay datos oficiales todavía de cuántas se han cobrado realmente.
