La Fiscalía de Huesca ha intervenido para posibilitar el traslado al hospital de Barbastro y al centro de Yéqueda de siete ancianos de la residencia de Binéfar que dieron positivo en las pruebas PCR de diagnóstico de la Ccovid-19, a pesar de no mostrar aún síntomas de la enfermedad.
El Ministerio Público decidió actuar la denuncia presentada por el letrado Jorge Español señala que la dirección del centro ya tuvo previamente dificultades para conseguir que se realizaran por las autoridades sanitarias las pruebas PCR tanto a los 23 ancianos internados como a los siete auxiliares de la plantilla.
Después de detectarse el virus en una anciana que había sido hospitalizada para ser atendida de una rotura de cadera, la dirección de la residencia tomó la decisión de hacer la prueba de detección a internos y trabajadoras para identificar posibles contagiados y salvaguardar al resto de contraer la enfermedad.La denuncia relata que ante la "insatisfactoria" respuesta de Sanidad de esperar a que apareciesen síntomas externos de la enfermedad entre los afectados, la gerencia contactó con un laboratorio de Lérida para encargar la realización de los test por 118 euros cada uno, decisión que no fue autorizada por los responsables médicos de la residencia.
Destaca, además, que fueron las advertencias de la plantilla de denunciar los hechos las que llevaron el pasado martes a las autoridades sanitarias a tomar la decisión de realizar las pruebas.
El escrito califica de "insatisfactoria" la decisión de los responsables sanitarios de aislar a los contagiados en una planta de la residencia ante el riesgo de propagación existente y a las dificultades que plantearía la contratación de nuevo personal.
Por esta razón, y ante la incertidumbre de lo que podría pasar a los afectados, desde la residencia se instó un día después a la Fiscalía y a las autoridades sanitarias el traslado de una parte de los ancianos afectados a un centro hospitalario, y el resto al centro para enfermos por covid-19 ubicado en Yéqueda.
La respuesta de la Fiscalía oscense se produjo de forma casi inmediata, a través de un escrito del fiscal jefe, Juan Baratech, dirigido al director del Sector Sanitario de Barbastro, del que dependen el centro de salud de Binéfar para informar sobre la posible necesidad de traslado de los pacientes afectados, en caso contrario, precisar si las medidas de seguridad existentes en centro son las "correctas y exigidas".
El Ministerio Público admite no tener la opción de orientar la actuación de los profesionales sanitarios en la toma de decisiones homogéneas a la hora de tratar a los pacientes, aunque asume que un estado de alarma puede obligar a cambiar la práctica de los profesionales de atención individualiza del paciente. "No obstante -subraya-, la sanidad siempre estará obligada a buscar las mejores alternativas de tratamiento, a no abandonar al individuo, a aliviar su sufrimiento y a procurarle la mejor atención posible".
Unas pocas horas después de llegar el decreto de la Fiscalía oscense a las autoridades sanitarias de la provincia, los ancianos de mayor riesgo fueron trasladados a hospitales, y el resto al centro para enfermos por covid-19 de Yéqueda.
El representante legal de la dirección de centro se ha mostrado convencido de que gracias a "la decidida y valiente intervención del fiscal jefe de Huesca, puede que hayamos podido salvar la vida de algunos de estos siete residentes contagiados a los que las autoridades sanitarias aragonesas eran en principio remisas a hacerles de inmediato los test como posteriormente a ingresarlos en un centro hospitalario".
A juicio de este letrado, "al fiscal jefe de Huesca habría que hacerle siete monumentos por cada uno de los siete residentes contagiados, que ahora están en los centros adecuados para su mejor cuidado y tratamiento".
Desde el Gobierno aragonés no se ha entrado a valorar la denuncia interpuesta, limitándose a afirmar que en todo momento se siguieron los protocolos establecidos contra la enfermedad.
SANTA BÁRBARA
La residencia Santa Bárbara y el Gobierno de Aragón podrían enfrentarse a una lluvia de demandas por la atención de ancianos internos en dicho asilo de la capital aragonesa y que han fallecido de coronavirus. La familia que ayer interpuso una querella criminal en el Juzgado de Guardia de la capital aragonesa podrían sumarse otras tres que ya se han puesto en contacto con el abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, el letrado zaragozano Ricardo Agóiz.
Este abogado tendrá ahora que analizar toda la documentación antes de ampliar la denuncia interpuesta ayer y que todavía no ha sido asignada a ningún juez instructor puesto que es posible que haga el reparto de la causa el Juzgado Decano de Zaragoza.
Este anuncio se suma a las críticas de UGT que este viernes han lamentado que desde la dirección de la residencia Santa Bárbara han anunciado un ERTE a sus trabajadores.
La primera denuncia versa sobre un anciano de 83 años que fue llevado a este centro hospitalario desde la residencia el día 7 de abril en estado «muy grave», según reza el texto de la denuncia, afectado por una neumonía bilateral, desorientado y deshidratado. Un día después fue diagnosticado con coronavirus.
La familia asegura que llevaban días insistiendo a los responsables de la residencia, gestionada por la Fundación Agustina Zaragoza, sobre el mal estado de salud del hombre, ya que en conversaciones telefónicas con él este aseguraba que se encontraba mal.
En la demanda interpuesta consta que el día de antes de ser trasladado al Hospital Militar, una de las hijas habló con su padre por el móvil y este le aseguró «que estaba muy mal», con una voz «agónica». Al colgar, la hija llamó a la residencia y le aseguraron que su padre se encontraba bien, que si acaso estaba apenado y deprimido por no poder ver a la familia. El mismo día 7 por la mañana desde la residencia insistieron en que el hombre estaba bien, pero esa misma tarde fue llevado al hospital.
La denuncia, además de contra los propietarios y las directoras del centro, también cita al Gobierno de Aragón como responsable indirecto, ya que, según la ley que regula el funcionamiento de las residencias, la DGA ha de velar por los derechos de los residentes. Fuentes del Ejecutivo autonómico aclaran que estudiarán la denuncia «cuando llegue». Entonces atenderán a los requerimientos que sean necesarios y consideran que «cada ciudadano puede reclamar lo que considere necesario».
