El ministro de Universidades se reunió ayer, al igual que lo hizo la ministra de Educación, con los consejeros delegados de esta área en las respectivas comunidades autónomas para pactar un marco normativo que permita a todos los centros de España ceñirse a unos criterios similares ante la situación extraordinaria provocada por la pandemia de covid-19. La conferencia general de política universitaria contó así con la presencia de la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz. Durante la reunión se tomaron decisiones que regirán el futuro del fin del presente curso así como el correcto inicio del siguiente, aunque el texto no es sino una guía de recomendaciones que el Ministerio ha de hacer pública y sobre el que cada centro deberá trabajar.

En esta guía, el Ministerio de Universidades admite que «ante la crisis sanitaria, y mientras no cambien las medidas aprobadas de confinamiento actualmente aprobadas», es necesario «transformar la evaluación presencial actual en un sistema de evaluación no presencial, fundamentalmente». Así lo admite el departamento que dirige Manuel Castells en el citado documento. Según este, el ministerio considera que para garantizar la «transparencia» de este cambio, su difusión y la «equidad de oportunidades para el estudiantado», las universidades tendrían que establecer unos «criterios generales» de evaluación no presencial.

Por su parte, Maru Díaz defendió, en representación del Ejecutivo aragonés, esto mismo, pues la consejera subrayó la necesidad de que los criterios de evaluación on line sean homogéneos en todas las comunidades para asegurar que nadie pierda el curso y que pueda haber una evaluación flexible pero con garantías.

En dicha conferencia se consiguió así pues alcanzar un «acuerdo marco». El documento limitará así las reglas en esta situación excepcional para temas cruciales como la evaluación, la presentación y defensa de los trabajos Fin de Grado o Máster o las prácticas de cada especialidad. Ahora, la pelota está en el tejado de las universidades, que en los próximos días tendrán que emitir documentos con estos criterios académicos que se presentarán como anexo adjunto a las guías docentes para que tengan acceso todos los estudiantes. Díaz aseguró a este respecto que en la Universidad de Zaragoza ya se ha conformado un grupo de trabajo que está elaborando este nuevo marco regulatorio.

En la reunión también se debatió sobre el inicio del siguiente curso y se propusieron dos próximas reuniones, todavía no calendarizadas pero si cerradas en firme. La primera servirá para reformular el criterio de becas «pensando en la excepcionalidad de la situación», recalcó la consejera. Y en la segunda se tratará la reformulación de la política de tasas. «Estas cuestiones que son de vital importancia para que durante el curso que viene todo el alumnado pueda acceder y permanecer en la universidad», aseguró Díaz.

Finalmente, la consejera quiso destacar que, tras la suspensión de la actividad lectiva presencial, la universidad aragonesa ha continuado desarrollando con otras modalidades de enseñanza y aprendizaje on line y que en este objetivo se ha involucrado a toda la comunidad universitaria. Además, el martes se anunció la ampliación del periodo lectivo, que no las clases, hasta el 31 de julio para asegurar que se puedan realizar las evaluaciones de los estudiantes con las máximas garantías. H