El coronavirus ha penetrado ya en una de cada tres residencias aragonesas. En estos momentos, alrededor del 33% de los centros de mayores públicos y privados de la comunidad han sufrido o sufren algún caso de infección y, generalmente, los afectados son los usuarios. Según detalló el Gobierno de Aragón, hay 579 casos confirmados de covid-19 en la red de 344 residencias públicas y privadas de Aragón, entre usuarios y trabajadores de los mismos. En estos centros conviven cerca de 22.000 personas y trabajan 8.700 profesionales, por lo que el virus ha afectado al 1,8% del total de residentes y empleados. Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus se han producido 112 fallecimientos y hay 177 personas hospitalizadas.
«El virus está golpeando fuerte a las residencias y nuestra estrategia pasa por atenderlas lo más pronto posible y poner medios de contención y barreras para evitar que la gestión de los casos positivos se traslade a los que no están enfermos», indicaron a este diario fuentes de Salud Pública.
De momento, un total de 74 ancianos han sido derivados ya a los tres centros que se han puesto en marcha destinados a residentes que, siendo diagnosticados por coronavirus no tienen que ser hospitalizados. 37 de ellos se encuentran en Yéqueda (Huesca), otros 32 en el centro habilitado en el barrio zaragozano de Miralbueno y 5 más en la localidad turolense de Alfambra. Está previsto que próximamente entren en servicio Casetas y Gea de Albarracín.
Entre los cinco centros, cuya dirección sanitaria corresponde al Departamento de Sanidad, suman 360 plazas. «Donde no es posible la contención se ha optado por crear un recurso intermedio para quitarles los positivos y que los que queden en el centro sean más fáciles de sectorizar», añadieron desde Sanidad.
Pero la realidad en cada uno de los centros sigue siendo crítica y muy diferente en cada uno de ellos. En Muniesa, Teruel, dos de los mayores de su residencia ya han dado positivo. Uno de ellos ya ha sido trasladado a un hospital, mientras que el otro permanece aislado en el propio centro en contra de las peticiones de la propia residencia. Otros usuarios, así como algunos trabajadores, ya están comenzando a padecer síntomas compatibles con el covid-19, por lo que el ayuntamiento de la localidad ha pedido públicamente test para todos ellos.
Por contra, en la residencia de Los Olivos, en Huesca, la situación dista mucho de parecerse a la de hace tan solo unos días, cuando solo dos de los trabajadores del centro seguían trabajando. El resto, estaban o contagiados o en cuarentena. «La situación ya se ha solucionado, porque el IASS nos ha facilitado personal. Ahora ya somos los que tendríamos que ser en cada turno», comenta una responsable del centro, que no especifica el número exacto de trabajadores. «Ha sido muy duro. Como una guerra», concluye.
Por otra parte, los conflictos abiertos entre el Gobierno de Aragón y los empleados públicos no cesan. Si el miércoles eran los jueces y los sanitarios los que lamentaron la gestión (o los discursos) del Ejecutivo autonómico, ayer fue CSIF, el sindicato de funcionarios, el que denunció al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ante la Inspección de Trabajo por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con los trabajadores de las residencias públicas por la falta de protección. El suministro EPIs han sido la principal demanda de estos centros, tanto de los privados como de los que dependen de la administración, desde que se desatara la curva de contagios por el coronavirus. «El IASS está obligando a los profesionales sanitarios a reutilizar equipos de protección individual cuyas características de uso indican que una vez utilizados deben ser desechados», explica el presidente autonómico de CSIF, José Luis Santafé. Esta situación, está provocando, dice Santafé en una nota, que «gran parte del personal asistencial esté enfermando», por lo que reclaman a la Inspección de Trabajo «que realice las comprobaciones oportunas» y que inste al IASS a dotar de equipos de portección a estos trabajadores.
A su vez, la Fundación Lares, que agrupa las residencias privadas de toda España, denunció ayer la situación «extrema» que padecen en las residencias de mayores por la ausencia de EPI y «la presión de intervención por las inspecciones de las consejerías». Así lo puso de manifiesto el presidente de esta organización, Juan Ignacio Vela, desde la residencia que se ha puesto en marcha recientemente en Gea de Albarracín para personas mayores que estén contagiados.
