Abiertos a cualquier modificación si así lo determinara el Gobierno de España, en Aragón se cuenta con la Estrategia de Residencias de Mayores para dar respuesta a las actuaciones en este sector tras la pandemia y la llegada de la nueva normalidad.

Cada centro en Aragón debe demostrar que acumula 28 días sin casos nuevos antes de recibir un nuevo ingreso y, antes de esto, debe contar con un adecuado plan de aislamiento y contigencia. Este, obligatorio para todos los centros, contempla que, a través de sus servicios de prevención de Riesgos Laborales, deben aplicar planes de formación para su personal, con el apoyo del Gobierno de Aragón. También se exigirá al sector que todos los centros cuenten con una reserva estratégica de material para el personal, así como gel y mascarillas.

En el caso de que se detectara un caso de coronavirus o la sospecha del mismo se activaría de manera inmediata el protocolo de alerta a Salud Pública para aislar, sectorizar y derivar. En este sentido, la DGA ya confirmó el mes pasado que los centros asistenciales que abrieron únicamente para acoger a pacientes contagidos seguirán estando preparados por si hiciera falta realizar ingresos y aislamiento. De hecho, está previsto que este lunes se de el alta al último paciente de los centros covid.

El protocolo actual también contempla que, ante rebrotes, haya una potenciación del apoyo médico de los centros de salud a las residencias. Respecto a las visitas, deben hacerse mediante petición previa, medidas de seguridad (mascarilla, lavado de manos...) y tendrán una hora de duración. Además, el centro debe decidir el sitio que, preferiblemente, debe ser una zona exterior para garantizar la distancia con los usuarios y tan solo podrá ir un familiar. En lo que se refiere a los paseos de los residentes fuera de los recintos, estos serán dentro de la hora marcada y como mucho a un kilómetro.

Los servicios de peluquería, fisioterapia o rehabilitación ya llevan unas semanas funcionando y sus profesionales lo deben hacer con todas las garantías de seguridad y protección.

Remuneración / Respecto a la situación que han tenido que atajar en los últimos meses los empleados de las residencias, la DGA tiene sobre la mesa la posibilidad de remunerar el trabajo o mejorar las condiciones de los profesionales sociosanitarios. Si bien es cierto que esta cuestión está sujeta a una mejora de la financiación por parte del Estado de la Ley de Dependencia. Este es el gran caballo de batalla del Ejecutivo autonómico (y de la mayoría del país) en materia de servicios sociales. En reiteradas ocasiones ya se ha apuntado que la ayuda que llega desde Madrid a las comunidades no alcanza el 50% exigido por la ley, que queda muy alejada y todo recae del lado de las autonomías a la hora de gestionar la dependencia.