Ana Sarmiento, de 42 años, dejó al que fuera su esposo en el año 2014 harta del maltrato diario que sufría. Tiene dos hijas, una de ellas de 11 años, que es una de las usuarias del servicio de visitas tuteladas en un punto de encuentro familiar. Reconoce que desde el domingo ha vivido en «una incertidumbre» por los constantes cambios de opinión de la administración pública. «Hablé hasta con mi abogado porque yo no iba a exponer a mi hija llevándola ahí, a una habitación pequeña, cuando se le han suspendido las clases en el colegio», señala, mientras recalca que ahí no se cumplen las distancias mínimas que establece Sanidad.

Sarmiento destaca que se puso en contacto con el Justicia de Aragón para comentarle esta problemática. «Me llamó el propio lugarteniente, algo que agradezco, y este me dijo que no tenía que llevar a mi hija a allí, que me opusiera porque las medidas del Gobierno no contemplaban esa obligatoriedad», recuerda.

Esta zaragozana también lamenta la falta de explicaciones por parte de los trabajadores de los puntos de encuentro familiar. «Entiendo que ellos son meros trabajadores, pero desde la dirección general de Igualdad les deberían de dar pautas porque merecemos explicaciones».