Agapito Iglesias ha pedido al magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, que revoque el auto por el que le obliga a depositar en el tribunal el dinero que pueda ingresar por la venta de su paquete de acciones del Real Zaragoza SAD. La defensa del constructor soriano ha presentado un recurso de reforma en el que califica esa medida como "contraria a derecho" y "gravemente perjudicial" para los intereses de aquel.
Los abogados sostienen que esa exigencia podría "afectar y perjudicar a terceros que no son parte en el presente procedimiento" porque las acciones del Zaragoza no son "de titularidad exclusiva" de Iglesias. La orden afecta solo a sus acciones y al dinero que pueda recibir por ellas.
La defensa de Iglesias mantiene que el hecho de que el constructor esté imputado en la causa "no es bastante para adoptar medida cautelar alguna". "Máxime --añaden-- cuando la investigación está en curso y pendiente de que se practiquen diversas diligencias de investigación".
Iglesias está imputado en el llamado caso pagarés junto con el exviceconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó; el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril, y el exdirector técnico del complejo, Miguel Ángel Pérez. Son sospechosos de haberse compinchado para que Plaza pagara a Codesport por las naves de Autocity un precio superior al que costaron en realidad.
La última prueba recibida por el juzgado, un informe elaborado por un perito judicial (ver página 21), concluye que Plaza pagó más del doble de su coste.
El magistrado ha impuesto a los imputados una fianza de responsabilidad civil de 18,8 millones de euros que deben depositar conjunta y solidariamente para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de una eventual condena. En ese contexto emitió el juez la orden que obliga a Iglesias a entregar el dinero que pueda sacar de la venta.
