El fútbol base de Zaragoza está en pie de guerra debido al pliego de condiciones del contrato de cogestión de los campos de fútbol municipales que el ayuntamiento quiere aprobar. Pablo Híjar, concejal de Deporte, expuso en rueda de prensa el proyecto el pasado miércoles 8 dede marzo y ante los clubs un día después. Las nuevas medidas contemplan que el consistorio cede la concesión por el máximo permitido (10 años) y que seguirá pagando íntegramente la luz, el agua y el gas de las instalaciones municipales, que asciende a 800.000 euros al año entre todas.
Entre las obligaciones de las entidades deportivas se encuentra el pago de un canon en función de la cantidad de campos y su superficie: por un campo de césped artificial la cifra es de 3.000 euros, 1.700 si es de fútbol 8 y uno simbólico de 180 euros en aquellos que sean de tierra o de hierba natural, por lo que el máximo posible ronda los 8.000 euros. Asimismo, el ayuntamiento percibirá un 10% de los ingresos que el club obtenga por el subarrendamiento del bar. En cuanto a las obligaciones económicas, en el caso de que un club alquile por encima de un 20% el uso de sus instalaciones, tendrá que abonar un 25% de esos ingresos al consistorio, además del correspondiente pago de impuestos.
Otras condiciones establecidas en el pliego son la obligatoriedad de tener al menos un equipo femenino en un plazo máximo de tres años (aunque los clubs que acrediten que no han podido quedarán exentos de multa), se comprometerán a erradicar comportamientos violentos e insultos, se establece una cuota máxima de 350 euros por usuario y, además, se crearán unos precios públicos municipales de cara a unificar la prestación del servicio.
Riesgo futuro
Los clubs no están de acuerdo en varias de estas medidas y otras obligaciones derivadas de la aprobación del pliego, si es que finalmente se firma. Por ello, los 28 equipos (cuyas instalaciones son usadas por alrededor de 7.000 personas, tanto niños como adultos), se han unido para intentar llegar a un acuerdo y se ha formado una comisión de trabajo formada por Cristina Carreras, secretaria del Movera, y cinco presidentes: Santiago Vela (Balsas Picarral), Faustino Lorente (UD Montecarlo), Miguel Asensio (CD Valdefierro), Marisa González (CD Unión) y Ángel De Miguel (CD Oliver).
El mayor desacuerdo entre las partes es la base sobre la que se sostiene el pliego, ya que el ayuntamiento le ha dado un enfoque mercantil en lugar de reconocer la labor social que las entidades hacen. «No somos una empresa ni queremos serlo, somos una asociación deportiva sin ánimo de lucro gestionada por voluntarios y en ningún sitio aparece el interés y el bien social que hacemos», destaca Vela. Por ello, recalca la comisión, «el deporte es la mejor inversión porque mientras practican fútbol no se dedican a algo peor», dice Carreras.
Además, no dudan en afirmar que la viabilidad de los clubs está en serio peligro en caso de aprobarse el contrato de cogestión, sobre todo porque toda la responsabilidad recaería en las juntas directivas y porque económicamente es inviable. Esa responsabilidad personal es la mayor preocupación de las entidades ya que, en caso de una gestión deficitaria, los dirigentes del club deben responder con su patrimonio personal, algo inasumible. «Tendríamos más responsabilidad personal y penal que cualquier empresario, y no somos empresarios», asegura Vela. De hecho, dicha responsabilidad sería civil y criminal y, dependiendo de la cuantía de las multas, los regidores de los equipos podrían acabar en la cárcel sin haberse llevado ni un euro, solo por su gestión.
Para los clubs económicamente no es posible aprobar el pliego porque, aunque el canon es asumible, el ayuntamiento no reconoce la cuantía total de los gastos de los equipos, a pesar de conocer sus cuentas pormenorizadas, como por ejemplo pueden ser los desplazamientos en autobús. «Los gastos de mantenimiento que estamos pagando están entre los 10.000 y los 40.000 euros», afirman. Por ello, si pagan más, «los ingresos deben salir de otro sitio que no sean las cuotas de los niños. ¿De dónde salen? Del bar, de alquilar para otros usos y la poca publicidad que se pueda tener o de limitar los servicios a los niños», recalca González.
Además, los clubs temen que no puedan crear un equipo de fútbol femenino por la falta de demanda y porque «depende en qué instalaciones es necesario que hagan vestuarios y ese gasto también es nuestro. Eso sí, por supuesto estamos a favor de la promoción del fútbol femenino».
A pesar de todo, los clubs confían en llegar a un punto de encuentro con Pablo Híjar, aunque es innegociable que el pliego de condiciones debe tener un carácter social en lugar de mercantil. Además, solicitan que se tengan en cuenta los gastos que ya sufren a la hora de poner el canon, valorar lo que se gasta en la instalación y la responsabilidad. Todo, aseguran, en beneficio de la formación y el deporte.
