La Comisión Antiviolencia propuso ayer castigos ejemplares para los implicados en la reyerta del pasado domingo en Madrid entre seguidores radicales del Atlético y del Deportivo de La Coruña. Así, el organismo ha pedido que se multe con 60.001 euros a cada uno de los 88 implicados en la multitudinaria pelea que acabó con un fallecido, miembro de los Riazor Blues. Pero Antiviolencia no solo incide en el castigo económico sino que también propone que los identificados no puedan acceder a recinto deportivo alguno, es decir, no solo a los estadios de fútbol sino también a pistas de baloncesto, por ejemplo, durante los próximos cinco años.
La decisión de la Comisión Antiviolencia supone un punto de inflexión en la lucha contra los grupos radicales con el reto de hacer tabla rasa contra esta lacra que ha sacudido mortalmente el fútbol español.
LA IDEA ñEl mensaje es invitar a todos a poder vivir en paz y dejar trabajar a la gente que tiene que resolver el tema, para que tenga la fortaleza y la seguridad de encaminar a todos aquellos que no interpreten que, más allá del fútbol, la sociedad es un lugar donde a todos nos gusta vivir con tranquilidad", manifestó Diego Simeone, entrenador del Atlético, tras recibir ayer el Premio Nacional del Deporte de manos del Rey.
El técnico rojiblanco lanzó este mensaje el día después de negarse a opinar sobre los incidentes del Frente Atlético. ñYo estoy para entrenar, no para tomar decisiones", afirmó el preparador argentino, ganándose duras críticas por su nula contundencia contra los ultras. En La Coruña, la Federación de Peñas del Deportivo anunció ayer su ñdimisión irrevocable", que se hará efectiva a final de esta temporada, ante la falta de confianza de la directiva.
Y es que la directiva gallega ha responsabilizado al organismo de peñas de la venta de entradas a los ultras para el partido del Vicente Calderón del pasado domingo, mientras que las peñas aseguran que fueron los radicales los que adquirieron esas localidades en las taquillas de Riazor. También ayer, los Bukaneros, grupo ultra del Rayo Vallecano, negó que hubiera participado en la pelea mortal.
Antiviolencia también propuso castigar con una cantidad de 9.000 euros y dos años sin poder entrar a recintos deportivos a cuatro aficionados que tras el encuentro Betis-Alavés del 23 de noviembre agredieron a varios policías que intentaban establecer el orden.
