El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell lo ha intentado todo para salir de prisión: proponer una fianza, apelar a que su condición pública le haría imposible huir... Hasta ahora ninguno de sus argumentos han convencido a la Audiencia Nacional, que este jueves ha rechazado su último intento para lograr la libertad provisional, justo cuando se cumple un año desde que fue encarcelado, tras ser imputado por haber presuntamente blanqueado casi 15 millones de euros.

En esta ocasión, la Sala de lo Penal, como ya hizo en sus anteriores resoluciones, entiende que existe un riesgo de fuga "altamente probable" por tener "fuertes vínculos y contactos personales y económicos en el extranjero, pues su actividad profesional la realizaba mayoritariamente fuera de España", motivos por los que no puede quedar libre.

También la instructora de la causa, Carmen Lamela, que le envió a prisión por formar parte de una organización criminal de ámbito transnacional, dedicada a blanquear capitales procedente de comisiones ilícitas, ha esgrimido esta justificación para rechazar la decena larga de peticiones de libertad planteadas.

Además, la Sala de lo Penal afirma que "la experiencia judicial enseña que con determinados países las comisiones rogatorias llevan su tiempo, lo que parece obvio y es razonable. Basta ver el entramado de empresas" de las que Rosell "es administrador o ha creado en el extranjero o tiene intereses en ellas", para no entender desproporcionado el plazo de un año que ha transcurrido desde su arresto.

Facilidad para viajar y vivir en el extranjero

La magistrada siempre ha visto en Rosell un riesgo de fuga "innegable" por la "facilidad" que tendría "para viajar y vivir temporalmente en distintos lugares de todo el mundo", por las cuentas, bienes y negocios con los que cuenta fuera de España, extremos que han hecho que el expresidente del Barça haya visto fracasar hasta ahora todas las peticiones que ha planteado para ser excarcelado.

Según la jueza, Rosell y sus socios, el empresario andorrano Joan Besolí, también en prisión desde hace un año, y el expresidente de la Confederación de Fútbol Brasileño Ricardo Teixeira formaban una red dedicada a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas derivadas de la venta de los derechos de la selección brasileña de fútbol a una mercantil árabe con sede en islas Caimán. Todo ello a través de un entramado de sociedades y cuentas ubicadas sobre todo en Andorra.

Por eso, apreció indicios de que entre 2007 y 2011 lavaron 14.973.328 euros procedentes de comisiones ilícitas obtenidas de la venta de los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección de fútbol brasileña y les imputó por blanqueo y organización criminal.