Con la presentación del aval bancario de 32 millones de euros (5.357 millones de pesetas), Lorenzo Sanz formalizó ayer la presentación de su candidatura a las elecciones del Madrid, en las que competirá con Florentino Pérez y Arturo Baldasano. La junta de gestión electoral, integrada por cinco socios, llevará a cabo hoy la proclamación de candidatos y declarará abierta la campaña electoral, que se extenderá hasta el 11 de julio, fecha de la consulta. Los opositores a Pérez han denunciado que éste lleva varios días recogiendo papeletas con la firma de socios y han impugnado el voto por correo, decisivo en las últimas elecciones.

Mientras tanto, la justa gestora, compuesta por tres miembros de la última directiva --Enrique Sánchez, Pedro López y Angel Luis Heras-- dirige la entidad sin la potestad para fichar jugadores. Pérez, sin embargo, continúa con su proceso negociador con Pinto da Costa, presidente del Oporto, con el fin de contratar a Ricardo Carvalho. Se trata de una petición de Camacho.

ILEGALIDAD Tanto Lorenzo Sanz como Arturo Baldasano han denunciado las maniobras de Pérez para salir claramente favorecido en el voto por correo, que en las elecciones del 2000 supuso el 70% de los votos. "Florentino está cometiendo una ilegalidad, haciendo uso de un juego sucio. La ley es para cumplimento de todos", declaró Baldasano. "Está recopilando votos desde hace días, mientras que los demás candidatos no tendremos opción a ello hasta que se inicie la campaña", dijo Sanz.

Ambos se refieren a la captación de votos que lleva a cabo desde hace tiempo el último presidente blanco. El domingo, en el parque de atracciones de Madrid, el precandidato Pérez y sus colaboradores solicitaban a los socios su firma y la copia de su DNI para facilitarles el uso gratuito de las instalaciones. Se registraron varios enfrentamientos verbales por lo que algunos socios consideraban coacción y chantaje.

La Asociación para la Defensa del Patrimonio del Madrid ha denunciado en un juzgado madrileño las normas para el voto por correo, que consideran una "aberración jurídica y democrática". Sanz y Baldasano estudian hacer lo mismo.