El Zaragoza espera que la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y que llevará el Juzgado de instrucción número 8 de Valencia, que ahora debe decidir si la admite a trámite, por el presunto amaño del Levante-Zaragoza se quede "posiblemente" en una sanción económica y "espera que no" llegue una sanción administrativa. Esta podría ir desde la suspensión de actividades, a la inhabilitación para obtener ayudas públicas, la intervención judicial o hasta la disolución, algo que no se contempla como escenario en la entidad.
El consejo, en la Junta celebrada ayer, reconoció tener la copia de la querella y aseguró que la colaboración que está llevando a cabo desde el primer momento también será un atenuante en la responsabilidad jurídica.
En la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante el juzgado decano de Valencia hay 42 implicados. Entre los imputados están el Real Zaragoza, su expresidente Agapito Iglesias, el mexicano Javier Aguirre, técnico del equipo en aquel partido, y dieciocho jugadores del club aragonés, mientras que por parte del Levante los querellados son dieciocho futbolistas. Para los jugadores y directivos las penas pueden ser hasta de prisión de seis meses a cuatro años o la inhabilitación para el ejercicio de comercio o industria de uno a seis años o una multa del triple del valor del beneficio o ventaja. El fiscal argumentó que los jugadores del Zaragoza dieron 965.000 euros a los futbolistas del Levante para que se dejaran ganar.
La Fiscalía exculpa al árbitro, David Fernández Borbalán, "quien no consta tuviera conocimiento del acuerdo entre los dos equipos". "Como consecuencia del resultado acordado por los querellados", señala la Fiscalía, "el Zaragoza eludió el descenso de categoría y propició que descendiera a Segunda División el Deportivo de La Coruña".
