El Gobierno de Aragón estaría dispuesto a acometer un patrocinio del Real Zaragoza por un montante que rondaría los 500.000 euros, siempre y cuando la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) se hiciera cargo de nuevo de la deuda bancaria contraída en un crédito sindicado con Ibercaja, CAI y Bantierra (en aquel momento Cajalón) en el 2004, que Agapito Iglesias dejó de pagar a mitad del 2012 y de la que la DGA se tuvo que hacer cargo como avalista de la operación. Esas son las primeras cartas de intenciones del Ejecutivo aragonés después de que en los últimos días se hayan establecido diversos contactos informales entre las partes, un intercambio de voluntades todavía no madurado, ante la situación de excepcionalidad que vive el Real Zaragoza y que sus actuales gestores están intentando encauzar casi de forma desesperada y contra el reloj ante el dramatismo institucional del momento.

La carta de intenciones, no suscrita, solo verbal, únicamente tendría validez para un escenario de estabilidad del Real Zaragoza, que para recibir el patrocinio debería regresar a la paz societaria y a una línea de trabajo seria y continuada, muy lejos de los vaivenes y del espectáculo al que en estos días está sometido. Pero en cualquier caso, la voluntad de colaboración de la DGA existe. El Ejecutivo aragonés ha tenido que abonar ya hasta la fecha 2,2 millones de euros como avalista de aquel crédito impagado por la SAD. La última cantidad hecha efectiva en junio pasado ascendió a 670.000 euros, correspondiente a dos cuotas. Si la Sociedad Anónima Deportiva continúa sin hacerse cargo del crédito, la DGA tendrá que responder por los 5,1 millones de euros totales.

EL ORIGEN El aval referido garantizaba en un primer momento ocho de los 24 millones que las cajas aragonesas en conjunto concedieron al Real Zaragoza en el 2004, todavía con Alfonso Soláns Soláns al frente de la entidad. Mientras estuvo al mando, el propietario de Pikolín pagó religiosamente las amortizaciones e intereses correspondientes, algo que también hizo su sucesor, Agapito Iglesias, hasta que la mala gestión económica llevada a cabo en la SAD desembocó en el impago de las cuotas a mitad del 2012. Desde ese momento, la DGA, como avalista, se tuvo que hacer cargo del crédito.