Las explicaciones de los secretarios de Estado de Seguridad y del Deporte sobre los sucesos que desembocaron en la muerte de Romero Taboada solo convencieron al PP. El anuncio por parte de Francisco Martínez del cese de los coordinadores de seguridad del Deportivo y del Atlético no hizo más que encender aún más los ánimos de los grupos opositores.
En concreto, el portavoz del grupo socialista en la comisión de Interior, Antonio Trevín, pidió la dimisión del jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez, y de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, por su presunta incompetencia. "Estábamos ante la crónica de una muerte anunciada", dijo Trevín, a quien Martínez contestó que la respuesta policial fue "irreprochable".
Antes había reiterado que, pese a la comunicación del coordinador de Seguridad del Depor en la que alertaba del viaje de los Riazor Blues, Antiviolencia "no tuvo elementos para hacer un análisis del riesgo riguroso". Especialmente duro se mostró con los representantes del Gobierno el portavoz de Amaiur, Xabier Mikel Rekondo, quien llegó a acusar a la policía de connivencia con los grupos violentos neonazis. "¿Dónde están los asesinos?", preguntó Joan Tardá, de ERC, respaldado por Rosana Pérez, del BNG: "Es lamentable que uno o varios verdugos sigan sin aparecer".
El Ejecutivo anunció el relevo de los dos coordinadores de Seguridad, ambos agentes de la Policía, asignados al Atlético de Madrid y al Deportivo de la Coruña. "Sin ánimo de responsabilizarles de lo ocurrido" --la reyerta entre 200 ultras que acabó con la vida de un miembro de los Riazor Blues--, el Ministerio del Interior ha decidido relevarles tras un tiempo desempeñando esa labor adicional a su función como policías y considera que "es bueno y razonable" que ahora desempeñen otras personas.
