El Real Zaragoza SAD vuelve a los tribunales. La Fiscalía ha presentado una denuncia por fraude tributario contra el constructor y accionista mayoritario de la compañía deportiva, Agapito Iglesias, y contra los otros dos miembros del consejo de administración durante el 2010: Francisco Checa y Javier Porquera.

Los tres fueron designados formalmente para esos cargos a finales de marzo de ese año, después de que durante casi tres meses figuraran como consejeros los miembros del equipo de Salvador Arenere, que había dejado la SAD en los primeros días de enero.

El ministerio público, que ha llevado el asunto a los tribunales tras haber tramitado durante unas semanas las diligencias que abrió tras recibir una denuncia de la Agencia Tributaria, señala como responsable civil subsidiario del fraude, que el fisco cifra en 900.000 euros.

El presunto fraude consiste, según señalan las conclusiones de la Inspección de Hacienda, en no haber ingresado en las arcas del Estado alrededor de 900.000 euros correspondientes a las retenciones del IRPF de los trabajadores del Real Zaragoza SAD en ese ejercicio.

En caso de condena, la compañía deportiva de Agapito Iglesias debería responder del pago de las indemnizaciones y multas que pudieran serles impuestas a los denunciados.

El Real Zaragoza SAD, cuyo accionista mayoritario lleva semanas amagando mediáticamente con una venta de su participación que nunca llega a materializar, mantiene una tormentosa relación con la Hacienda Pública, con la que ya acumula una deuda de más de 30 millones de euros cuya renegociación --algo complejo incluso para empresas de sectores productivos-- tiene intención de acometer.

LA VENTA

Fiscalía presentó la denuncia ante el Decanato de la Ciudad de la Justicia, el cual, en aplicación de las normas de reparto, remitió el legajo al Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza.

Su titular, Alfonso Tello, encargado de la operación Minas y de uno de los casos Plaza --el que afecta al apartadero ferroviario y a la zona de reserva para futuros crecimientos--, no se ha pronunciado todavía sobre la admisión a trámite del asunto, algo que se espera para las próximas semanas.

La denuncia está firmada por Javier Checa, a quien hace unos meses asignó el fiscal jefe de Zaragoza, Alejandro Fernández, unas competencias similares a las de Anticorrupción en Zaragoza. Unos meses antes había asumido la Fiscalía de Delitos Económicos.

El resultado de este procedimiento penal resultará clave para el futuro del Real Zaragoza, ya que una condena supondría un nuevo factor negativo para su nada boyante economía.

Y también puede influir en el desenlace de los anunciados contactos para la venta del paquete accionarial de Agapito Iglesias. Por una parte, porque en el horizonte aparece una eventual nueva carga financiera en caso de condena. Y, por otra, porque supone un claro síntoma de que las relaciones institucionales entre el Real Zaragoza SAD y la Agencia Tributaria atraviesan una nueva fase de tensión.

La compañía deportiva blanquilla ya ha sido condenada en varias ocasiones en la vía administrativa a pagar a Hacienda diferentes cantidades que no le había ingresado por diversos conceptos impositivos.