El juez Pablo Ruz ha admitido la personación de la Abogacía del Estado en el caso Neymar. Los servicios jurídicos del Estado actuarán para defender los intereses de Hacienda, que intentará que el Barça le reintegre las cuotas que ha dejado de ingresar por el fichaje del brasileño. No obstante, la investigación se encuentra parada a la espera de un informe de la Agencia Tributaria sobre la cuota defraudada y la que debería ingresar el club para regularizar su situación fiscal. Fuentes de la investigación han valorado la decisión del club de realizar una declaración voluntaria abonando 13,5 millones de euros, pese a que el Barça sigue defendiendo la legalidad de su actuación. Hacienda debe determinar si esa cantidad basta.
Fuentes de la fiscalía de la Audiencia Nacional apuntan que la jugada del Barça no provocará el archivo de esta causa porque ha actuado cuando ya se había iniciado el proceso y el Código Penal establece que las deudas dejan de ser delito si se pagan antes de la intervención de un juez. A pesar de ello, estas fuentes reconocen que el club puede obtener algunas ventajas, ya que la posible pena que se le podría imponer se reducirá y puede quedarse en una multa.
De momento, solo el Barça y el expresidente del club Sandro Rosell han sido imputados por este supuesto delito fiscal, Además, Rosell también está imputado por un delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción por haber "simulado" los contratos del astro brasileño para disimular los conceptos de los acuerdos económicos.
Fuentes de la Audiencia han revelado que el juez aún no ha admitido la personación del sindicato ultraderechista Manos Limpias porque este ha pedido una rebaja de la fianza de 45.000 euros que le impuso Ruz para ejercer como acción popular. La fiscalía se ha opuesto a esta rebaja, ya que sugirió que le fijara una cuantía de 60.000 euros.
Ruz aún no ha ampliado la investigación al presidente del Barça, Josep María Bartomeu, al vicepresidente Javier Faus y al padre de Neymar, como le proponía Manos Limpias.
