El horizonte penal de Agapito Iglesias y el futuro del Real Zaragoza SAD quedaron ayer formalmente desligados. El constructor tiene vía libre para vender sus acciones de la compañía deportiva, pero deberá entregar el dinero que obtenga por ellas en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital aragonesa, cuyo magistrado, Francisco Picazo, lo mantiene imputado en el caso pagarés.

El juez emitió ayer un auto por el que acuerda "la retención del precio de la venta de las acciones que el imputado Agapito Iglesias transmita". La medida tiene como finalidad "cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias de todo tipo que pudieren derivarse de la presente causa, así como de la fianza acordada en el auto de fecha 26-02-14".

El instructor del caso pagarés da a Iglesias tres días para que ingrese en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado "la cantidad resultante de la venta" al tiempo que le apercibe de que, de no hacerlo, podría incurrir "en un presunto delito de alzamiento de bienes".

Iglesias está imputado en el caso pagarés junto con el exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó; el exgerente de la empresa pública, Ricardo García Becerril --está en libertad bajo fianza en el caso saqueo, en el que también está encartado el constructor soriano--, y el exdirector técnico de la sociedad, Miguel Ángel Pérez.

PESQUISAS El juez, que ha impuesto a los imputados una fianza de responsabilidad civil conjunta y solidaria de 18,85 millones, investiga en esa causa un supuesto desfalco millonario --un informe pericial lo sitúa entre 6,5 y 14 millones-- en las obras de construcción de las naves de Autocity y la emisión, por parte de Escó y García Becerril, de pagarés por valor de 8,7 millones a favor de Codesport sin informar de ello al consejo de administración y contra unas facturas cuyas certificaciones no visaron los técnicos de Plaza.

En el auto, el juez recuerda que la ley le habilita para adoptar de oficio las medidas necesarias para garantizar la cobertura de las responsabilidades civiles y para intervenir "los bienes, medios o instrumentos o ganancias provenientes del delito", siempre con la finalidad de "proteger a los ofendidos o perjudicados" y de "evitar, además, que con la dilación temporal los imputados puedan colocarse en situación de insolvencia al hacer desaparecer su patrimonio".

El instructor considera el anuncio de la venta de las acciones del Real Zaragoza SAD en poder de Iglesias como una "notitia criminis" --primer indicio de la posible comisión de un delito-- ante la que "deben acordarse las oportunas medidas cautelares".

PRENDA En el auto, el magistrado no pone ningún obstáculo a que el constructor proceda a la venta de las acciones del Real Zaragoza SAD que posee a través de Zaragoza Sport Arena XXI --una empresa patrimonial con sede en Pozuelo de Alarcón--, transacción que, según ha venido filtrando su entorno en los últimos meses, se ha convertido en uno de sus objetivos prioritarios. Sí le exige, en cambio, que deposite en el juzgado el dinero que pueda obtener de esa operación para hacer frente a las responsabilidades económicas que podrían derivarse de una eventual sentencia condenatoria en el caso pagarés.

De hecho, fue el propio Iglesias quien puso las acciones del Real Zaragoza SAD bajo los focos de la Justicia. El constructor, tras decretar el juez la fianza de responsabilidad civil --todas las defensas la han recurrido ante la Audiencia--, ofreció en prenda al juzgado tres de sus empresas para que el juez embargara la parte de su patrimonio que resultara necesaria hasta sumar los 18,85 millones de la fianza.

Dos de esas sociedades, cuyo valor teórico está en fase de peritaje, eran Clipasodes y Agapito Iglesias García SL, socios mayoritarios de la empresa tenedora de sus acciones del Zaragoza. Quiere vender esos títulos y tiene vía libre para hacerlo. Pero el juez custodiará el dinero hasta que finalice el caso pagarés.