La Fiscalía Anticorrupción solicitará la próxima semana en los juzgados de Valencia, donde se disputó el encuentro, que presente una querella contra una treintena de personas, entre jugadores y directivos, por el supuesto amaño del Levante-Real Zaragoza de la última jornada de la Liga de Primera División. El Zaragoza ganó ese partido (1-2) y logró la permanencia. La noticia fue adelantada ayer por Marca.

La solicitud de la querella es contra una veintena de jugadores de ambos equipos y también contra directivos del Zaragoza. Esa petición se activará después de que fiscal Alejandro Luzón interrogara a varios jugadores de ambos equipos y a Agapito Iglesias, exaccionista mayoritario del club aragonés, sobre el supuesto amaño También será encausado Francisco Checa, secretario general del Real Zaragoza.

Todos los jugadores del Zaragoza que comparecieron en la Fiscalía Anticorrupción afirmaron no saber nada del amaño. Gabi, actual centrocampista del Atlético, afirmó que el ingreso de varios miles de euros que se registró en su cuenta antes del partido no se correspondía a una prima. Algunos de ellos registraron en sus cuentas ingresos de dinero (90.000 euros en algún caso) en fechas próximas al encuentro, que luego retiraron, por lo que el fiscal sospecha que ese dinero sirvió luego para pagar a los integrantes del Levante. Estas cantidades se ingresaron en sus cuentas como prima pagada por el club. Agapito Iglesias sostuvo ante el fiscal que el dinero correspondía a ese concepto.

Sin embargo, los jugadores del Zaragoza afirmaron a Luzón en términos generales que esos ingresos formaron parte de un favor que hicieron a Iglesias, a quien luego devolvieron el dinero en metálico, pero dijeron desconocer el propósito de esos movimientos. Tanto ellos como los jugadores del Levante sostuvieron en todo momento que el partido fue normal.

Según fuentes fiscales, fue presuntamente Agapito quien se puso en contacto con jugadores del Levante para concertar el amaño. La conducta que se les atribuye podría ser constitutiva de un delito de corrupción entre particulares contemplado en el artículo 286 bis del Código Penal y que castiga con penas de prisión de seis meses a cuatro años. Pero lo más probable es que sean inhabilitados para seguir realizando su profesión en el caso de los jugadores y para ocupar cargos directivos en el resto si al final son declarados culpables.