El grupo de inversores mexicanos que tienen previsto aterrizar en los próximos días en el Real Zaragoza se verán obligados a pagar al contado los 9,8 millones de euros que los empresarios aragoneses se comprometieron a entregarle a Agapito Iglesias por sus acciones o a depositar un aval por esa cantidad con la garantía de una entidad española solvente. Así se hace constar en unas de las cláusulas del contrato de compraventa firmado entre el grupo de empresarios y el constructor soriano en el caso de que se produzca una transmisión de acciones de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) de forma mayoritaria. Los inversores mexicanos tienen previsto adquirir un 80% como mínimo de las acciones de la SAD que poseen los empresarios.

El acuerdo entre el grupo inversor mexicano y los empresarios aragoneses que ahora controlan el Zaragoza solo se encuentra pendiente de que Hacienda haga oficial que acepta el calendario de pagos que han presentado los actuales propietarios para liquidar la deuda que el club mantiene con el fisco. El grupo de empresarios también se comprometió con Agapito Iglesias a realizar esa negociación con Hacienda en el contrato firmado entre ambas partes.

Agapito, de todos modos, tendrá que depositar en el juzgado los 9,8 millones de euros que le entreguen los inversores mexicanos o el aval que garantice el cobro de esa cantidad para cubrir parte de la fianza que le ha impuesto el juez Francisco Picazo por su imputación en el caso pagarés. Esa fianza es compartida de forma solidaria con Carlos Escó, exconsejero delegado de Plaza; Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, y el exdirector técnico Miguel Ángel Pérez.

El grupo de empresarios que controlan ahora el Zaragoza debían pagar al constructor soriano los 9,8 millones de euros en diez años y el primer plazo estaba fijado para enero del 2016. Los empresarios entregaron a Agapito Iglesias una señal de 50.000 euros, que luego tuvo que depositar en el juzgado.