El grupo de empresarios aragoneses recibió con "sorpresa" y un cierto grado de "preocupación" la noticia del embargo preventivo de la licencia deportiva y de los derechos federativos del Zaragoza por una deuda con Hacienda de 1,9 millones de euros, tal y como publicó este diario ayer. Tres fuentes autorizadas de este grupo manifestaron que se enteraron por el embargo cuando lo leyeron publicado y que Agapito Iglesias nunca les avisó de que pesara tal medida sobre los derechos federativos de la SAD.

De este modo, desde el grupo de empresarios también se mantuvo ayer mismo una charla con Agapito, donde éste también les confesó no saber del embargo de esa licencia deportiva, aunque parece muy poco probable de creer la versión del constructor soriano, puesto que estos embargos preventivos son comunicados en tiempo y forma.

EL DESENLACE

La versión del grupo de empresarios es que el embargo, más allá de causar la lógica preocupación y la sospecha de que el proceso de compra pueda tener otras sorpresas o golpes en la línea de flotación tan contundentes como éste, no debe suponer ningún quebranto económico puesto que esa deuda con Hacienda está dentro de los pagos más urgentes que hay que realizar con el dinero que entre en el club a través del aval de 8,152 millones que este grupo de empresarios se comprometió a depositar, aunque hasta hoy no ha conseguido diligenciar el mismo, aludiendo a flecos para justificarlo. Sin embargo, su seguridad en obtenerlo es absoluta. Hasta el momento, el grupo únicamente ha satisfecho en la compra del 90,23% de las acciones que poseía Agapito Iglesias una señal de 50.000 euros, de los 9,8 millones en que se tasaba el total de la compra-venta.

La SAD acumulaba un total de 45,6 millones de euros de deuda con Hacienda cuando entró en concurso y la Agencia Tributaria concedió al Zaragoza numerosos aplazamientos además de un calendario de pagos. Sin embargo, el 2 de junio, dos días antes de que se formalizara la venta del club y ante el incumplimiento reiterado de sus obligaciones, la delegada regional, Paloma Villaró, firmó un acuerdo de adopción de medidas cautelares.

Lo más normal es que el grupo de empresarios negocie ahora el pago de esa deuda o trate de fijar una forma de pago de esos 1,9 millones si no puede abonarlos ahora a través de ese aval. En caso contrario, si no pueden pagar esa cifra, tanto ese documento de licencia deportiva como los derechos federativos podrían acabar saliendo a subasta. Para ello, primero tendría que haber una valoración del bien embargado, en este caso con un precio menor al ser el Zaragoza un equipo de Segunda, y eso lo tendrá que hacer un perito de la Agencia Tributaria.

Después, se hará efectivo ese embargo mediante subasta pública en un proceso que se podría dilatar unos meses, teniendo en cuenta que el embargo preventivo suele ser en muchas ocasiones, y en ésta lo parece, un toque de atención, aunque es difícil pronosticar la celeridad con la que actuaría Hacienda.