La Audiencia Nacional ha aceptado el recurso del Real Zaragoza para paralizar la ejecución provisional de la sentencia que en su día el Juzgado de Primera Instancia de Madrid decidió a favor de Jesús García Pitarch, exdirector general, para que el club le pague casi 1,2 millones, cifra en la que se incluyen las cantidades demandadas (850.000 euros), los intereses y las costas del juicio.

El entorno del exdirigente zaragocista ya esperaba esa paralización y está a la espera de la decisión de la Audiencia Nacional del recurso del Zaragoza a la sentencia condenatoria del juzgado, aunque también podría presentar ahora otro recurso contra esa paralización de la ejecución provisional.

En todo caso, las informaciones que manejan los abogados de García Pitarch es que habrá sentencia de la Audencia Nacional entre julio o, como mucho, septiembre y confían en que el veredicto sea el mismo que el tomado por el Juzgado de Primera Instancia. La paralización de la ejecución provisional impide, eso sí, que Pitarch pueda reclamar su dinero en estos momentos, de forma directa o reclamando el embargo de las cuentas, por lo que tiene que esperar a que se decida sobre el recurso presentado en su día por el Zaragoza, que ya provisionó la temporada pasada 400.000 euros para este caso y que en la que concluye ahora lo ha hecho con el resto para afrontar el pago en su día.

LA RECLAMACIÓN / Jesús García Pitarch reclamó al Real Zaragoza una suma de 850.000 euros, un dinero que entiende que se le debía desde su estancia en la capital aragonesa, que fue en la temporada 13-14, la última de Agapito Iglesias en el club, por diferentes conceptos: dos partidas de 325.000 por facturas impagadas a la empresa a través de la cual aterrizó en la Sociedad Anónima Deportiva (SAD), Vínculo Hispano (en la denuncia figura ahora como Tou Advisor SL.), y otros 200.000 euros en concepto de indemnización también no cobrada por su despido de la entidad, que el ejecutivo considera que fue improcedente.

En cambio, la entidad aragonesa, cuando llegaron los actuales propietarios, la Fundación 2032, se negó a pagar esa cifra al entender que dañó los intereses de la Sociedad Anónima Deportiva con su gestión, al tomar decisiones como los despidos de los exzaragocistas Movilla, Paredes y Zuculini, a los que decidió abonar indemnizaciones cuando sus contratos estaban cerca de expirar. No solamente eso, el Real Zaragoza decidió contraatacar con una contrademanda en la que exigía una indemnización por daños y perjuicios al ejecutivo valenciano. La cantidad que reclamaba a García Pitarch era de 500.000 euros, pero el juez tampoco tuvo en cuenta esta petición de la entidad.