Continúa la investigación del caso Luccin por fraude fiscal en el seno del Real Zaragoza. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa, Alfonso Tello, tomó ayer declaración al vicepresidente del club, Fernando Sainz de Varanda, como representante de la sociedad deportiva que está imputada en esta causa.
Su presencia ante el juez no pasó de los veinte minutos, debido a que sus explicaciones eran propias de llevar poco tiempo en el cargo. Aseguró que llevaba mes y medio en el club y que "lo poco que sabe es de oídas".
Sí reconoció, según fuentes consultadas, que miró los papeles en los que resaltan dos contratos de este jugador que respondieron a lo "excepcional" de la situación que se vivió. Afirmó que "había un acuerdo por tres años, por lo que su salida se intentó realizar como una cesión al Racing de Santander".
Sin embargo surgió un problema, tal y como recalcó, ya que tenía ya el máximo de los tres jugadores que permite la Liga tener como cedidos, así que se realizó un pacto con los racinguistas en el que se vendía durante un año y luego volvía, es decir, una cesión encubierta.
El consejero zaragocista señaló que cuando regresó el futbolista se tuvo que hacer un nuevo contrato, si bien no sabe qué cifras se manejaron.
Lo que sí comentó que le sonaba es que en el concurso de acreedores había una reclamación de Luccin al club, pero que "no sabía si era por salario o finiquito".
El presunto fraude fiscal que investiga ascendería a unos 450.000 euros, que, como publicó EL PERIÓDICO, el club habría dejado de ingresar en concepto de IRPF por el sueldo del jugador francés, en el ejercicio de 2010, haciéndolo pasar por un finiquito, que no tributa.
En este asunto están imputados también el exaccionista mayoritario, Agapito Iglesias, el propio futbolista y los anteriores miembros del consejo de administración, Francisco Checa y Javier Porquera.
