La pandemia está teniendo un gran impacto en la vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Aunque se ha avanzado mucho en la flexibilización de las restricciones aplicadas a los centros que les prestan servicios, queda mucho para la recuperación de unos recursos que son fundamentales para ellas. Y, en muchos casos, el único medio con el que cuentan para relacionarse con la sociedad, más allá de su entorno familiar.

Esta merma de derechos sobrevenida con el covid no hace sino evidenciar las desigualdades que estas personas y sus familias ya venían arrastrando. La crisis sanitaria solo las ha ahondado. En las 40 entidades de Plena inclusión Aragón se entiende la necesidad de aplicar medidas de control del virus. De hecho, lo están haciendo desde antes incluso del primer estado de alarma. Pero también constatan que dichas disposiciones están afectando más a este colectivo y sus familias que el propio coronavirus.

Las que con mayor intensidad las están sufriendo son aquellas personas que viven en residencias, sometidas a medidas mucho más restrictivas que el resto de la población. El impacto emocional de no poder recibir la visita de sus familiares está siendo mayúsculo. A ello hay que añadir que estas personas tienen en muchos casos, asociados a su discapacidad, problemas de comportamiento o para controlar sus impulsos. Y las medidas adoptadas desde marzo no han hecho sino desestabilizarles más.

Las residencias y centros de servicios de Plena Inclusión Aragón se han sometido a estrictos protocolos de seguridad que han transformado su día a día. Se han establecido itinerarios alternativos, se han sectorializado zonas, diseñado grupos burbuja y reorganizado turnos y espacios, sin ayuda ninguna, con el sobrecoste que ello ha supuesto.

Las entidades no han escatimado esfuerzos para adaptarse a la situación porque es fundamental para estas personas que se mantengan los servicios a los que tienen derecho. Pero no es posible mantener los grupos burbuja y separar equipos para atender a residentes y usuarios de día sin aumentar las ratios de personal.

Sin embargo, si antes de marzo, los conciertos con la Administración ya no cubrían el coste real de las plazas, ahora no lo alcanzan ni de lejos. Y, entre tanto, muchas empresas que apoyaban a estos centros a través de sus programas de responsabilidad social han tenido que cerrar el grifo, pues no atraviesan su mejor momento.

Quizás sea el momento de convertir esta crisis en una oportunidad para dar un giro al modelo de apoyos a las personas con discapacidad intelectual. Apoyos que, durante esta pandemia, se han demostrado esenciales e irrenunciables.