Los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones ya tienen una primera propuesta de texto para empezar a debatir. La nueva redacción de la recomendación número uno que ha puesto sobre la mesa el letrado de la comisión plantea que se deje de financiar con cargo a cotizaciones sociales las bonificaciones de los contratos (1.800 millones de euros) y los gastos de personal y funcionamiento de la Seguridad Social (3.825 millones de euros). Aplicar ambas cuestiones podría liberar más de 5.600 millones de euros de las cuentas de la Seguridad Social y ayudar a corregir el agujero de unos 20.000 millones que en estos momentos padece el sistema público de pensiones en España.
La nueva redacción de la primera recomendación del Pacto de Toledo, sobre separación de las fuentes de financiación, ha sido formulada por el letrado de la comisión que preside Celia Villalobos (PP) a modo de síntesis a partir de los puntos de coincidencia extraídos después de varios meses de comparecencias de expertos. El texto será debatido el próximo martes después de una reunión de los portavoces de la propia comisión.
«No se trata de una propuesta del Gobierno ni de la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo», subraya una de las personas integrantes. «Es un texto que apenas ocupa medio folio y que resume algunas de las cuestiones que hemos oído durante estos meses. La redacción final podría ser muy diferente», relativiza.
CONSENSO INICIAL
Lo cierto es que buena parte de los expertos que han pasado por la Comisión del Pacto de Toledo han coincidido en señalar estas dos vías como las fundamentales para aligerar las cuentas de la Seguridad Social (bonificaciones a la contratación y gastos de funcionamiento). La propia ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, también se mostró abierta a revisar las bonificaciones durante su comparecencia ante la comisión. La adopción de estas medidas no implicaría necesariamente una aplicación inmediata, sino que podría hacerse de forma gradual.
El documento también hace referencias genéricas a la mejora de los ingresos por cotizaciones y a la garantía que los Presupuestos Generales del Estado prestarán en todo caso para garantizar la suficiencia de las pensiones, según fuentes conocedoras del texto.
Los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados avanzan a duras penas. En noviembre inició las tareas de revisión del sistema público de pensiones con el fin de poner sobre la mesa en primavera un documento con recomendaciones para enviarlo al Gobierno. Con junio recién estrenado, los diputados de la comisión apenas tienen la propuesta de nueva redacción de la recomendación uno de las 21 que integran el documento alumbrado en 1995.
En próximas semanas, el trabajo debería ordenarse a partir de sucesivas propuesta de redacción de cada una de las 21 recomendaciones originarias, que abarcan cuestiones como el poder adquisitivo de las pensiones, la edad de jubilación, el tratamiento fiscal, los planes privados, las bases y periodos de cotización, el fondo de reserva, los regímenes especiales, las pensiones de viudedad y orfandad, mujer y protección social, la discapacidad y la inmigración.
TEMAS URGENTES
La diputada socialista Mercé Perea opina que hay que dar al debate el tiempo necesario, pero llama a abordar con urgencia cuatro cuestiones: las relativas a pobreza, desequilibrio económico-financiero del sistema, índice de revalorización y factor de sostenibilidad.
El veterano diputado de la Comisión del Pacto de Toledo Carles Campuzano (PDEcat) cree que las «prisas» que muestra el PP por lograr un acuerdo sobre el sistema de pensiones tropiezan con «la situación interna» del PSOE. A su juicio, el debate debe discurrir con calma, ajeno a la elaboración de Presupuestos, pues el Gobierno puede incorporar medidas sobre pensiones en las cuentas del Estado haya o no un nuevo Pacto de Toledo.
