La Administración española comete un abuso en la contratación sistemática de interinos para cubrir plazas estructurales, pero no por ello debe hacer fijas a las personas que se encuentren en dicha situación. Así lo ha considerado la Abogada General de la Unión Europea Juliane Kokkot, en las conclusiones presentadas este jueves en Luxemburgo, en referencia a dos casos de trabajadores interinos de Madrid que elevaron su demanda hasta instancias europeas.

La opinión de los abogados generales no equivale a la sentencia final, que deberá emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); aunque en la mayoría de los casos anticipa el fallo. Un total de 901.300 personas trabajan en el sector público en España (Administración General del Estado, comunidades autónomos y ayuntamientos, principalmente) con un contrato temporal, según constatan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), referentes al segundo trimestre del 2019. Lo que representa a más de uno de cada cuatro empleados del sector público, concretamente al 28,2%.