José Luis Escolá, presidente de Acción Social Católica, ha asegurado hoy que la entidad no percibió anomalías, irregularidades o señales de alarma en la gestión de la CAI hasta 2008, con el cese del presidente Rafael Alcázar, tras el que vieron que podía esconderse una "gestión incorrecta" por parte del entonces director general, Tomás García Montes.
Escolá, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación que analiza la gestión de la CAI entre 2000 y 2010, ha insistido en que hasta ese año, la entidad fundadora no percibió señales de alarma en la entidad, entre otras cosas porque se dotó a la obra social con 24 millones de euros, una cantidad elevada que "era contradictoria" con "cualquier situación de anomalía".
Entonces, Acción Católica trató de conocer la verdadera situación financiera, de sustituir al director general (a quien achaca la iniciativa de destituir a Alcázar) por una persona "leal y capaz de enderezar el rumbo", y de recomponer el consenso eligiendo un presidente "de consenso".
Escolá ha lamentado que García Montes asumiera, "a espaldas de los órganos de control", un riesgo inversor "desmedido" y ejerciera una gestión "personalista y absolutista".
La actividad relacionada con "grandes operaciones" e inversiones inmobiliarias, ha añadido, "pivotaba" sobre García Montes, y éste "la ocultaba".
Por eso, el presidente de la fundadora de CAI tiene la sensación, ha reconocido, de haber sido "traicionado en la confianza".
Para Escolá, el antecesor de García Montes, Luis Calvera, "quiso aumentar la cuenta de resultados y no vio el riesgo". "Calvera compró un Ferrari, pero tenía carné. El que vino después además de correr más, no tenía permiso de conducir", ha enfatizado.
Y aunque ha asegurado que las cosas "se saben", también ha manifestado que es "difícil" contar con pruebas "fehacientes".
