El Ayuntamiento de Huesca y la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar) han renovado su acuerdo de colaboración para continuar con las políticas de apoyo al tejido empresarial oscense a través de microcréditos.
La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe, han rubricado hoy la renovación de esta herramienta, que permite financiar las inversiones en diversos proyectos a través de préstamos participativos.
En un comunicado, el Ejecutivo aragonés destaca que la renovación del acuerdo permitirá que el Fondo de Apoyo a Empresas y Emprendedores de Huesca creado en 2017 siga dando soporte a la financiación de proyectos empresariales, tanto existentes como de nueva creación.
El convenio prevé primar aquellos proyectos que puedan enmarcarse en el plano del emprendimiento social, que cuenten con un centro de trabajo en la ciudad de Huesca o tengan prevista su apertura en la ciudad.
Para ello, el consistorio aportará 30.000 euros durante este ejercicio para que sean gestionados por Sodiar, que en función de la cuantía del proyecto y de la financiación necesaria podrá proponer su cofinanciación a través de otras de sus propias líneas de apoyo financiero.
Sociedad será la encargada de estudiar la viabilidad de los proyectos presentados por los emprendedores a través del Ayuntamiento de Huesca o captados desde la misma sociedad, así como de emitir los informes sobre su viabilidad técnica y económica.
Los proyectos informados favorablemente se presentarán en la comisión Informativa de Desarrollo Local, Economía Social, Industria y Comercio del Ayuntamiento oscense, que sea la alcaldía quien dicte la resolución de transferencia de fondos a Sodiar.
Respecto a las condiciones establecidas, siempre que el proyecto sea viable técnica, económica y financieramente, la participación de este fondo en los proyectos se realizará a través de un préstamo participativo que supondrá la inyección de un máximo de 15.000 euros o el 60 por ciento de la inversión total a ejecutar (el 70% si se trata de una empresa de Economía Social).
El plazo de amortización será un máximo de siete años, en función de las necesidades del proyecto, y con un periodo de carencia de hasta un año.
