Un total de 175 millones de euros (29.050 millones de pesetas) del presupuesto de la comunidad de este año irán a cubrir las medidas recogidas en el nuevo Acuerdo Social y Económico firmado ayer por el Gobierno aragonés, los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones patronales CREA y Cepyme. De ellos, 85 millones de euros se destinarán a la promoción económica, 65 millones al fomento del empleo y las relaciones laborales, y el resto a actuaciones sociales para la inclusión de los más desfavorecidos y a políticas medioambientales. La vigencia del pacto alcanza toda la legislatura, hasta el 2007.
El acuerdo destaca especialmente un compromiso con el empleo que se orienta a reducir la "excesiva" temporalidad de los contratos, además del apoyo a colectivos más afectados (mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, con riesgo de exclusión social y discapacitados) a través de un Plan de Empleo Estable en Aragón. Otra de las claves del acuerdo incide en la creación de una ley que defina los derechos sociales de los ciudadanos de la comunidad, con atención a los mayores y menores en situación de riesgo social, entre otros, aumentando los actuales 12 millones que se destinan a este fin y "mejorándolos con recursos públicos y privados".
En el capítulo de desarrollo económico y empresarial, el pacto se marca como objetivos favorecer la competitividad de las empresas para lograr mejores empleos a través de la innovación e investigación, apoyo al desarrollo tecnológico y al acceso a mercados exteriores, así como a la atracción de empresas. Una sociedad pública de capital riesgo facilitará las inversiones en este escenario. Se apoyará el desarrollo sostenible y a las empresas respetuosas con el medioambiente.
El presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias, lo resumió asegurando que "transmite sensación de confianza en nuestros sindicatos, empresas y en nuestra comunidad". El consejero de Economía, Eduardo Bandrés, desgranó algunas de las medidas y reconoció que "siempre habrá contratos temporales, pero no en la proporción existente hasta ahora". El plan específico de control de la temporalidad busca detectar las empresas que tengan un 25% más de esta contratación que las de su propio sector para "explicarles las ventajas y estimularles a la estabilidad" laboral. En situaciones irregulares actuará la Inspección de Trabajo. Puso como ejemplo que el mismo sistema se usó contra la siniestralidad y ésta se ha reducido en un 30%.
La insistencia de los medios ante las medidas para reducir la temporalidad provocaron unos comentarios del presidente de Cepyme, Fernando Machín y de la Confederación de Empresarios de Aragón, Julián López Babier, que tensó el ambiente ante los sindicatos y obligó a Bandrés a zanjar un posible debate, contradictorio con la propia firma.
En un análisis anterior, Babier destacó que "lo más importante del acuerdo es el pacto" entre las partes, "un valor muy importante de Aragón". Jesús Membrado, de UGT, le recordó que no se hubiera firmado "sin contenidos", de los que destacó "las actuaciones en empleo, de calidad, las inversiones industriales ante el futuro que nos viene y las políticas sociales". Enrique Tordesillas, de CCOO, calificó el acuerdo de "equilibrado que habla del desarrollo sostenible, del empleo en calidad y cantidad y de la protección social y que huye de políticas generalistas".
