La admisión a trámite de la querella interpuesta por 68 trabajadores de Walthon Weir Pacific contra la dirección de la misma ha supuesto la apertura de la vía penal en el proceso que instruye la crisis de la fábrica de válvulas, que se saldó con su cierre. El documento presentado por los empleados de la factoría, en el que exponían una serie de irregularidades acaecidas en la gestión de la misma y que consideraban constitutivas de delito, fue admitido el pasado 23 de diciembre. En el auto, se hace constar la acumulación a esta querella de las denuncias presentadas por la Seguridad Social y CCOO en Aragón, al estar relacionadas.
De esta forma, el Juzgado de lo Penal ha iniciado las diligencias de las pruebas sobre los supuestos delitos (contra los derechos de los trabajadores, falsedad de documento, estafa o propiedad indebida, entre otras cuestiones) planteados en la querella. Esto supondrá la apertura de una investigación sobre el perjuicio que ha podido causar la gestión de sus últimos administradores, con los hermanos Angel y Juan Carlos Arceiz al frente.
De esta forma, la vía penal se suma a las otras dos vías abiertas ya en el proceso (civil y laboral). En estos momentos, los trabajadores que han interpuesto la querella --representados por UGT-Aragón--han cobrado una cantidad proveniente de las tercerías de la Seguridad Social, el 100% de lo correspondiente al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y están pendientes del reparto de la última subasta de bienes. Desde el sindicato, se volvió a insistir en la retroacción de la quiebra, mientras que los síndicos tratan de recomponer la contabilidad de la empresa.
