Todas las partes confían en que tras la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia se abra un periodo que haga posible un acuerdo entre el Sepes y Amparo Lacarta. Algo que desean, tanto las propias empresas como la vecina, el Ayuntamiento de Tarazona y el propio Gobierno de Aragón. Sin embargo, parece ser que el Sepes espera que el recurso presentado ante la Audiencia Provincial les dé la razón.
El origen del conflicto se origina cuando las parcelas adquiridas por estas sociedades no eran propiedad del Sepes, pero fueron vendidas por esta entidad a las empresas. Tras ello, el juzgado reconoce la propiedad de los terrenos de la vecina, lo que provoca que la compraventa de las parcelas queden sin efecto.
Ante este hecho, las firmas implicadas requieren en repetidas ocasiones que se regularice la situación. Así, proponen al Sepes la compra de las fincas a la vecina o bien que se inicie un expediente de expropiación urgente de las mismas. De momento, la cantidad requerida por Amparo Lacarta (1,9 millones de euros) se aleja de la oferta del Sepes (180.000 euros).
