El empresario Agapito García Sánchez (71 años) puede vanagloriarse del oscuro orgullo de ser el ciudadano que más dinero debe a Hacienda. Aseguran las escasas crónicas sobre su persona que vive con poco en los bolsillos, ante la perenne amenaza del Fisco. No es para menos. Debe la friolera de 17,3 millones de euros, según la 3ª lista de grandes morosos publicada por Hacienda con datos de diciembre del 2016. Resulta que esa extraordinaria cantidad es menor que los 19,06 millones de euros que debía él mismo en el anterior listado. El ciudadano más endeudado de España con Hacienda ha logrado recortar el capital pendiente, ya que en el 2014 debía 26 millones.
Ha ostentado cargos en un total de 65 empresas de diversos sectores y su ruina deriva de su pasado en el sector de la construcción (origen de su fortuna) y del sector financiero (incluido su paso el malogrado BPA andorrano). Pese al marcaje de las inspecciones tributarias, mantiene un total de 22 cargos activos en empresas (un total de 100 registrados a lo largo de su expediente vital), según Axesor.
Pese a su complicada relación con Hacienda, Agapito García sigue controlando empresas. De entre la amalgama de firmas a las que está vinculado, Madrigal Proyectos e Inversiones la joya de su actividad, con unas ventas de algo más de 360.000 euros anuales. La construcción sigue siendo el core business vital de Agapito García, administrador único y socio único del negocio. Actualmente ocupa cargos en Valores Pirineo 2 SL, Isvaria Servicios, Montajes Eléctricos Agapito García, Inver PM, OSTC Trading, KMR Investments e Inver Larabida, entre otros. El empresario amasó parte de su fortuna en el boyante sector inmobiliario de los 90. De la compraventa de viviendas y construcción en los años de oro del ladrillo consiguió recursos suficientes para tomar posiciones en el sector financiero, a imagen y semejanza de otros de la bautizada como beatiful people.
El origen
Los macroexpedientes de Hacienda contra Agapito García Sánchez empezaron en 1989. Fue ese año cuando García vendió sus cuatro firmas de hormigón y materiales de construcción. El grupo británico Steetley compró esos negocios por 22,7 millones. Hacienda revisó esa transacción y atribuyó a Sánchez el uso de una sociedad para eludir impuestos. El fisco le reclamó 20 millones de euros en 1990. La cifra incluía el capital eludido y una sanción del 70%. El entuerto fiscal acabó tras sentencia judicial con una deuda de unos 37 millones en el 2012.
