El estallido de la burbuja inmobiliaria cogió a Castellón en medio de una vorágine constructora desbocada cuyos efectos siguen sin absorberse. La incipiente recuperación no ha acabado con las urbanizaciones fantasma que salpican la provincia y que ahora conviven con algunas grúas que vuelven a trabajar. Según un informe de Fomento, a finales del 2016, Castellón tenía 26.265 viviendas nuevas en estoc, lo que suponía el 6,21% de su parque total de vivienda. En ninguna otra provincia de España tienen un peso mayor. Se trata, además, del 5,34% del total de 491.693 que hay en España según los datos de Fomento, cuando el peso de su población es del 1,27%.

Solo tres provincias tienen un porcentaje mayor (Alicante, Madrid y Barcelona), pero en ellas también es mucho mayor el peso de la demanda. De hecho, el informe del 2016 de la tasadora Tinsa ratificaba que la franja costera castellonense concentra el mayor porcentaje de vivienda nueva sin vender respecto al parque construido desde el 2008, con un 32,9%.

En su reciente informe de costas, la tasadora apunta que el estoc entre Vinaroz y Castellón, concentrado en Marina d’Or y Peñíscola, solo será asumible a largo plazo.

DUEÑOS 'INVISIBLES'

Y eso que los precios en esas zonas ya han bajado más del 50% desde sus máximos. Jesualdo Ros, secretario general de Feproba, la federación de promotores urbanísticos de la Comunidad Valenciana es claro: «Al final, todo es cuestión de precio, si se tira, si bajan y bajan, al final entre comprarte una bicicleta o una casa te compras una casa», apunta. Eso sí, desliza, lo que hay mucho son viviendas con dueños invisibles, bancos y fondos, «que esperan a lo que esperan...». Que vuelva a inflarse la burbuja inmobiliaria.

Según Tinsa hay tres razones principales por las que no se venden ese tipo de viviendas pero la principal es el deterioro que hayan podido sufrir desde que se acabaron. También hay un importante porcentaje que está inmerso en problemas jurídicos y otro que simplemente no se vende a la espera de que vuelva a subir el precio. Para evitar que la especulación vuelva a campar a sus anchas, la Generalitat Valenciana aprobó hace unos meses la ley de función social de la vivienda que obliga a grandes propietarios a inscribir en un registro aquellas viviendas que lleven dos años vacías y que impone multas cuando pasen otros seis meses más.

LIMITAR ESPACIOS

Pero no ha sido la única iniciativa que se ha puesto en marcha para evitar una nueva burbuja. La Consejería de Vivienda lleva meses impulsando el Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral. El Pativel está en su segundo periodo de participación pública y ha levantado ampollas en algunos municipios y entre los promotores, pues supone proteger otras 6.500 hectáreas en una zona de un kilómetro desde la orilla del mar, una amplia franja en la que se regularán además las actividades económicas.

«Se trata de preservar y poner en valor los suelos litorales de mayor valor territorial que no tenían una protección específica y que en los próximos 20 años habrían quedado sellados por la urbanización», apuntó la Generalitat.