La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Aragón (Aicar) estudia querellarse contra los consejos de administración de Caja Inmaculada de las épocas de los directores generales Luis Calvera y Tomás García Montes, al entender que son responsables del fracaso de la entidad, en tanto en cuanto no cumplieron sus obligaciones de control y supervisión.

Así lo ha explicado hoy el presidente de Aicar-Adicae, Manuel Pardos, ante la comisión parlamentaria de investigación que analiza la gestión de CAI entre los años 2000 y 2010.

Ha dicho que si es necesario pedirán al juzgado las actas de todas las reuniones de los consejos de administración, que también han solicitado, hasta ahora sin éxito, los miembros de la comisión parlamentaria, para estudiarlas y, seguramente, presentar una querella criminal.

Pardos ha indicado que pretenden que las responsabilidades por el "fracaso" de CAI se extiendan más allá de las tres personas que están imputadas por un delito de apropiación indebida y administración desleal, por pagar un viaje privado a Egipto con fondos de la entidad y por la compra de pisos con una rebaja del 50 por ciento.

Se trata del exdirector general Tomás García Montes, el director territorial de Madrid, Javier Alfaro, y el abogado y empresario Ramón Marredo.

A juicio de Pardos, estas tres personas, aunque sean "unos chorizos", son "chivos expiatorios", pero el resto de directivos y miembros del consejo de administración tienen su culpa por dejación de obligaciones y deberían asumir algún tipo de responsabilidad, si no penal, sí pecuniaria, como la devolución de las dietas que percibieron por asistir a las reuniones de los consejos de administración.

Pardos ha reconocido que no tiene "documentación veraz" referida a prácticas irregularidades, pero ha asegurado que dispone de un informe "basado en memorias y datos públicos" que demuestra que se falsearon las cuentas y se taparon los daros.

Ha añadido que en la CAI el control interno "no funcionó" en nada, que fallaron todos los órganos de gobierno y que se falsearon las cuentas desde 2009.

También ha insistido en la responsabilidad "clarísima" del Gobierno de Aragón, que tenía representantes en el consejo de administración e incluso "capacidad para gestionar los pactos".

"No hay futuro sin la depuración de responsabilidades", ha concluido.